INICIO > NOTICIAS > BOLETÍN 291

 

292 – 09

Procurador solicita se revise Sentencia de Acción Popular contra el Distrito Capital y Ministerio de Transporte

Bogotá, 4 de junio de 2009. El Procurador General de la Nación solicitó al Consejo de Estado se revise la Sentencia proferida el día 30 de abril de 2009 por la Sección Primera, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que condenó a la Alcaldía Mayor de Bogotá a transferir una cuantiosa suma a la Federación Colombiana de Municipios.

El proceso que dio lugar a dicha Sentencia tuvo origen en la Acción Popular que se adelantó ante el Juzgado 35 Administrativo del Circuito de Bogotá, con ocasión de la demanda presentada por los señores Alberto Bravo Cortés y Fernando Torres, en contra del Ministerio de Transporte, el Distrito Capital -Secretarías de Movilidad y Hacienda Distrital -, y la Federación Colombiana de Municipios, con el objeto de proteger el derecho colectivo a la moralidad administrativa.

En opinión del Procurador es preciso unificar la jurisprudencia en lo relacionado con la configuración de la violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa y en lo atinente al reconocimiento del incentivo a los actores populares.

Consideró el Procurador que, la Sentencia se aparta ostensiblemente de los parámetros señalados por el Consejo de Estado en distintas providencias y comporta uno nuevo, según el cual, moralidad administrativa es sinónimo perfecto de legalidad y, por ende, todo incumplimiento a una norma necesariamente implica la vulneración del mencionado derecho colectivo.

De acuerdo con el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el no pago del porcentaje de que trata el artículo 10 de la Ley 769 de 2002 vulnera la moralidad administrativa, interpretación que, según el Ministerio Público, resulta no solo novedosa, sino, específicamente, contraria a reiterados pronunciamientos del Consejo de Estado en virtud de los cuales moralidad no se puede confundir con legalidad.

De otra parte, precisó el Procurador que de conformidad con el criterio reiteradamente expuesto por el Consejo de Estado, el reconocimiento del incentivo solamente frente a la actividad diligente, preocupada y constante del actor popular y no de manera automática por la simple presentación de la demanda, y cuando prosperan las pretensiones contenidas en éste.

Señaló, además, que cuando se trate de violación a la moralidad administrativa el reconocimiento del incentivo sólo tiene lugar cuando sea una entidad pública la que recupere los dineros en razón de la acción popular; sin embargo, el Tribunal Administrativo ordenó un multimillonario incentivo a favor de los actores pese a que la entidad que recuperaría la cuantiosa suma no es de naturaleza pública, en la medida que se trata de la Federación Colombiana de Municipios, organización jurídica sin ánimo de lucro, de naturaleza asociativa y de carácter gremial, que se rige por el derecho privado.