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Sancionado ex alcalde de El Peñol (Nariño)

Bogotá D.C., 31 de mayo de 2009. A diez años de destitución e inhabilidad general fue condenado Wilson Hernán Rivera Eraso, ex alcalde municipal de El Peñol (Nariño), por parte de la Procuraduría General de la Nación, quien en fallo de primera instancia, lo sancionó por haber ordenado la realización de obras del matadero municipal sin estudios previos y sin suscribir contrato de obra.

Con los hechos, por los que se cuestionó al investigado, se desconoció el factor de planeación, el principio de responsabilidad y el de economía, previstos en la ley de contratación estatal, pues se constató que las obras fueron realizadas de manera improvisada, dijo el Ministerio Público.

El investigado con su proceder no atendió los deberes que tenía como servidor público de acatar la Constitución y la ley con diligencia y eficiencia, pues en el servicio encomendado estaba obligado a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, debiendo responder por sus actuaciones y omisiones, máxime cuando como Alcalde Municipal de El Peñol, en el Departamento de Nariño, tenía la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual.

La falta fue calificada como gravísima a título de dolo "teniendo en cuenta el conocimiento de la ilicitud de su conducta, por cuanto es deber de todo servidor público capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su función, con la finalidad de cumplir debidamente las funciones a su cargo. Además, el investigado es una persona con nivel educativo de Profesional, pues es Administrador de Empresas, y tenía conocimiento en su calidad de Alcalde Municipal de la exigencia legal de realizar estudios previos y suscribir un contrato, y sin embargo en forma voluntaria permitió u ordenó la construcción provisional del matadero sin estos requisitos".

En el mismo fallo la Procuraduría, acogiendo las pruebas y planteamientos de la defensa, decidió absolver al disciplinado con relación al cargo que se la había imputado por no haber realizado al avalúo del lote, pues se verificó, con las pruebas de descargos, que el mismo fue realizado por el topógrafo Ernesto Hernando Burgos López, inscrito en el Registro Nacional de Avaluadores de la Superintendencia de Industria y Comercio, asociado de Corpolonjas de Colombia, de tal manera que, no se incurrió en violación del artículo 3° del Decreto 1420 de 1998, pues fue elaborado por una persona natural registrada y autorizada por una lonja de propiedad raíz.

En otro proceso, al mismo ex alcalde se le aplicó por parte de la Procuraduría otra sanción, también por el término de 10 años, por las irregularidades encontradas en el contrato celebrado por este con la IPS Cruz Blanca, pues en el mismo se verificó la inexistencia de los estudios previos sobre la conveniencia y la oportunidad para realizar la contratación; la falta de definición de las obligaciones del contratista; la no indicación de quién ejercería la interventoría y la falta de los mecanismos para determinar el cumplimiento del contratista.