INICIO > NOTICIAS > BOLETÍN 244

PGN toma medidas disciplinarias en el departamento del Putumayo 

Bogotá, 14 de mayo de 2009. La Procuraduría General de la Nación encontró mérito para abrir investigación contra el actual gobernador de Putumayo Felipe Alfonso Guzmán, quien deberá responder por las presuntas irregularidades en un proceso de contratación para la prestación de los servicios educativos en la entidad territorial.

De acuerdo con la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública , el análisis de las pruebas allegadas durante la investigación preliminar, permite advertir que el proceso de convocatoria, adjudicación y suscripción del contrato número 007 de 2008, pudo vulnerar los principios de transparencia, responsabilidad y el deber de selección objetiva consagrados en el estatuto de contratación.

El contrato referido se suscribió el 19 de febrero de 2008 entre el Gobernador del Putumayo, Felipe Alfonso Guzmán Mendoza y el Representante Legal de la Unión Temporal Las Cajas, Luís Fernando Ochoa Zuluaga, con el objeto de mantener la cobertura mediante la prestación del servicio educativo al grupo de población rural disperso, por un valor de 9 mil 426 millones 600 mil pesos y un término de ejecución de 10 meses.

El Ministerio Público encontró que existe fundamento suficiente para que el Gobernador del departamento de Putumayo, Felipe Alfonso Guzmán Mendoza, responda por las posibles irregularidades derivadas de la autorización para actualizar el Banco de Oferentes, la adjudicación y suscripción del contrato número 007 del 19 de febrero de 2008 y la posible falta de vigilancia y control para que se observara el procedimiento legalmente establecido.

La medida se hizo extensiva a los miembros del Comité Evaluador Adolfo León Rojas Paz, Jefe de la Oficina Jurídica Departamental; Ayda Ana Betancourth, secretaria de Educación y Cultura; Ginna Rosalba Muñoz Quijano, Secretaria de Planeación; Edgar Gilberto Palacios, coordinador de la Dirección de Cobertura, y José Vicente Prieto Burbano, supervisor de Educación.

Destitución a ex Gobernador y ex Secretario de Educación  

De otra parte, la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública , en fallo de primera instancia, destituyó e inhabilitó por el término de 12 años al ex Gobernador, de la misma entidad territorial, Carlos Alberto Palacios Palacio, al encontrarlo disciplinariamente responsable por irregularidades en la contratación.

El despacho concluyó que el ex Gobernador y su secretario de Educación, para la época de los hechos, Jesús Libardo Revelo Rosero, son responsables por sus acciones en el trámite de las licitaciones 008 y 009 de 2005, al ser variada la fecha de la visita obligatoria a las obras, sin que tal situación se hubiera informado oportunamente a los interesados.

El Ministerio Público reprochó la omisión del señor Palacios Palacio, por cuanto en su condición de delegante, habiendo sido enterado oportunamente de la irregularidad, no hizo absolutamente nada, cuando podía haber reasumido las funciones delegadas y haber dotado de garantías y transparencia los citados procesos.

Por su parte, consideró que el señor Jesús Libardo Revelo Rosero, ex secretario de Educación del Putumayo, incurrió en falta disciplinaria, porque fue en su dependencia donde se originaron los procesos, y desde donde se programó la visita obligatoria a las obras para el 5 de septiembre de 2005, que posteriormente se reprogramó para el 6 de septiembre de 2005, sin la suficiente antelación, lo cual no permitió garantizar la debida publicidad del cronograma e impidió que todos los interesados pudieran participar en igualdad de condiciones.

El órgano de control sancionó al señor Revelo Rosero, ex secretario de Educación de Putumayo, con destitución e inhabilidad general por 14 años.

En el mismo fallo, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años a María Carlina Uribe García, en su condición de secretaria delegataria con funciones de Gobernadora encargada, por adjudicar la licitación 009 de 2005, sin rechazar las propuestas que parecían idénticas, con lo cual se atentó contra la transparencia del proceso.

Contra la decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.