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Procuraduría rechaza eventual liquidación del Incoder

Bogotá, domingo 3 de mayo de 2009. Ante la solicitud del Gobierno Nacional de estudiar la posibilidad de liquidar el Incoder, la Procuraduría General de la Nación se pronunció sobre la necesidad de fortalecer el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) para que este ente pueda cumplir con las funciones misionales que retomó desde el mes de marzo, tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley que estableció el Estatuto de Desarrollo Rural y reformó al Incoder.

En carta enviada al jefe de la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Fernández Acosta, el Procurador General señaló que para el Ministerio Público es prioritario que, con la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley 1152 de 2007 mediante la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural y se reforma el Incoder, que retrotrae la situación agraria al estado anterior, se adopten las medidas para que se fortalezca este Instituto.

Es necesario que el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural ajuste de forma inmediata las competencias y las funciones al marco vigente hoy, y retome todas las que fueron asignadas a otras entidades, en aras de continuar con la presencia institucional necesaria para atender la grave problemática agraria y social existente en el país.

En el año 2006, el Ministerio Público realizó un estudio sobre la ejecución de la reforma agraria y la Gestión del INCODER y encontró que luego de la fusión de esta entidad con el Instituto Nacional de Pesca (INPA), el Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural (DRI) y el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (INAT), el número de funcionarios se redujo de 2.139 funcionarios a 800, es decir que esta organización entró a ejecutar sus labores con el 22.06 por ciento de los servidores que originalmente venían desempeñando sus funciones en las instituciones fusionadas.

Al referirse a este tema, la Procuraduría reitera que para garantizar el cumplimiento de los competidos estatales por parte del INCODER es necesario que exista un suministro adecuado del recurso humano y físico.

Finalmente, el jefe del Ministerio Público recordó que “tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en reiterados pronunciamientos, todas las decisiones legislativas y administrativas, como podría ser una eventual liquidación del INCODER, afectan a las comunidades étnicas y requieren consulta previa, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, aprobado por la ley 21 de 1991, en aras de salvaguardar el derecho a la participación de estos pueblos, en cumplimiento de los postulados propios de un Estado Social de Derecho”.