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PGN considera inconveniente el proyecto de expansión del Norte de Bogotá

Bogotá, 29 de abril de 2009. La reglamentación que se expida sobre el uso del suelo del sector noroccidental de Bogotá debe tener en cuenta las consideraciones constitucionales y las directrices impartidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Así lo hizo saber la Procuraduría General de la Nación en comunicación que remitió su Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios al alcalde mayor de Bogotá Samuel Moreno Rojas, frente a la iniciativa de la administración distrital de darle viabilidad a la urbanización del sector noroccidental de la capital.
En opinión del Ministerio Público este proyecto desconoce lo dispuesto en el artículo 61 de la ley 99 de 1993, según el cual la sabana de Bogotá constituye una zona con vocación prioritaria de carácter agrícola, pecuaria y forestal, y la definió como un área de manejo y protección especial.

Señaló que el desarrollo de actividades urbanísticas en este sector, de especial protección en el Distrito Capital, ocasionará graves problemas sociales como consecuencia de la conurbación con el municipio de Chía, con graves impactos negativos para la región.

Recordó que con base en esta disposición legal, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió las resoluciones 475 y 621 de 2000, mediante las cuales se creó un régimen especial de uso para el suelo del borde norte de Bogotá, que priorizó su conservación por su alta significación ambiental, para preservar los ecosistemas existentes, contrarrestar la conurbación y proteger valores esenciales como los humedales y los cerros, entre otras razones.

La Procuraduría indicó que la facultad reglamentaria en materia ambiental a cargo de los entes territoriales debe estar adecuada y ceñida estrictamente a los parámetros y a las normas legales de carácter general que, para este fin expide el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, dentro de los marcos señalados por la Constitución.

Sobre el particular concluyó que, en armonía con el artículo 287 Constitucional, los entes territoriales no son completamente autónomos para expedir normas sobre el uso de suelos y protección del patrimonio ecológico, sino que deben ajustar su reglamentación a los preceptos establecidos por la ley y por la entidad rectora que fija las políticas en materia ambiental.