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Sancionado ex alcalde de Charalá

Bogotá, domingo 26 de abril de 2009. A pagar una multa de dos millones ciento noventa y un mil trescientos veinte pesos fue condenado Pablo Antonio Méndez Sanabria, ex alcalde de Charalá para la época de los hechos por parte de la Procuraduría Provincial de San Gil.

La sanción fue de 30 días de suspensión teniendo en cuenta que en su condición de Alcalde Municipal se esperaba que diera ejemplo a la comunidad en el cumplimiento de sus deberes, pero su conducta omisiva generó desconfianza social, al punto que la personera municipal impetro la queja. La sanción fue convertida en multa.

La irregularidad que se el endilga al señor Méndez Sanabria, está relacionada con haber ordenado la cancelación de cuentas de combustible que no correspondían al consumo real de la motoniveladora de propiedad del municipio, que ejecutaba las ordenes de prestación de servicios Nos. 001 y 084 del 3 de Enero y 28 de Agosto de 2006 respectivamente; y de la motoniveladora del Batallón de Ingenieros No. 5 “Francisco José De Caldas”, contratada para realizar obras de mantenimiento de vías terciarias del municipio de Charalá.

Según las pruebas recaudadas por la Procuraduría el municipio de Charalá pagó 4372 galones de A.C.P.M., por valor de $20.177..212, cuando en los reportes de interventoría el consumo fue de 1334 galones de A.C.P.M,; con lo cual el disciplinado en su condición de alcalde violó los postulados de la contratación estatal y en particular el Principio de Responsabilidad.

Destacó el Ministerio Público que pesar de no ser función del burgomaestre municipal sino de la almacenista el llevar el registro detallado de los consumos de combustible, si era obligación del entonces mandatario tener el cuidado necesario que le exigía el cargo, para revisar antes de suscribir las respectivas ordenes de pago, que existieran los documentos y demás soportes de los consumos de combustible de las dos motoniveladoras.

La falta fue calificada como grave a título de culpa grave y por ser de primera instancia contra la mima procede el recurso de apelación contra el Procurador Regional de Santander.

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