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Procuraduría acompaña diligencia de incautación de dragas explotadoras de oro en el Chocó

Bogotá, 21 de abril de 2009. Atendiendo la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación acompañó el proceso de incautación de 24 dragas empleadas en el río Quito, zona de reserva forestal en el departamento del Chocó, las cuales son empleadas para extraer el oro, generando importantes daños ambientales.

La investigación adelantada indica que desde hace algún tiempo se está realizando una explotación de minería ilegal en el mencionado río por 27 dragas que, en un recorrido de aproximadamente 10 kilómetros, dragan el río extrayendo el oro y posteriormente devuelven el material al afluente o lo depositan en sus laderas. Esta operación la realizan durante las 24 horas del día, con un grupo de operadores que vive en las dragas, son aproximadamente 8 personas por draga.

La Procuraduría constató que ninguna de las personas ubicadas en las dragas visitadas cuentan con autorizaciones para desarrollar esta actividad minera y por ende se considera una actividad ilegal. Varios de los administradores indicaron que la explotación estaba amparada por permisos otorgados por el Consejo Comunitario Local de Puerto Pervel (municipio de Cantón de San Pablo) y que en contraprestación, los mineros ilegales de las dragas entregan recursos económicos a este organismo el cual argumenta estar tramitando ante la autoridad minera el correspondiente permiso.

En la visita se evidenció la contaminación del recurso hídrico, la tala de árboles en amplias zonas ubicadas a las orillas del río para realizar en ellas el movimiento de las tierras con retroexcavadoras, el proceso de erosión en la orilla del río y los daños en su cause.

Los trabajadores que se encuentran allí manifestaron que en la actividad minera utilizan mercurio y que éste es vertido a la fuente hídrica sin ninguna clase de tratamiento, situación que puede generar un grave problema de salud pública, adicionalmente que el municipio no tiene acueducto y, por ende, carece de planta de tratamiento, lo cual implica que las personas toman el agua para el consumo doméstico directamente del río contaminado.

Para desarrollar la incautación ordenada por el señor Fiscal de la Unidad de Antiterrorismo se realizó una avanzada inicial de las fuerzas militares para garantizar la seguridad de la operación y la creación de 27 grupos de trabajo integrados por 2 funcionarios del CTI y varios representantes de la fuerza pública para que cada uno se desplazara a una draga y se iniciara el respectivo proceso de confiscación.

Así mismo, se conformó un grupo entre funcionarios de la Procuraduría, del Ministerio de Transporte, Ingeominas y un químico del CTI que se desplazó por todos los puntos con el fin de realizar las acciones de su competencia.

Esta diligencia es considerada como el primer operativo a nivel nacional para la defensa de los recursos naturales y requirió para su realización, el apoyo de más de 600 hombres del Ejército Nacional, Policía Nacional, Armada Nacional y el CTI y además de los funcionarios de la Procuraduría, Ingeominas y el Ministerio de Transporte.

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