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PGN presenta recurso para que se practique peritaje dentro del proceso por la carretera Cali - Candelaria

Bogotá, 17 de abril de 2009. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Juez 16 del Circuito de Cali que no se resuelva de fondo la controversia que sostienen la Gobernación del Valle y el Consorcio Cisa por la suspensión de la carretera Cali – Candelaria sin que cuente con un nuevo dictamen pericial que permita establecer el monto de los intereses que deben reconocerse por el pago tardío del laudo arbitral que ordenó que la Gobernación debía cancelar 21 mil 126 millones.

El pronunciamiento se realiza luego del escándalo que le costó el cargo al Contador General de la Nación, Jairo Alberto Cano Pabón. En el 2000, Cisa acudió a un arbitraje para que se le pagara lo construido y los perjuicios y daños causados, y el Tribunal falló a su favor y consideró que la Gobernación debía cancelar aquella cantidad; decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

La Procuraduría estima en el recurso de reposición contra el Auto del 26 de marzo de 2009, por medio del cual se corre traslado a las partes para alegar, que de no practicarse nuevamente la prueba la funcionaria judicial a cargo del proceso no contará con los elementos de juicio suficientes para proferir sentencia.

La anterior toda vez que la pericia que se practicó en el curso del proceso fue tachada por el mismo perito, doctor Cano Pabón, y en ella se liquidan los intereses adeudados, cuyo monto fue el que dio lugar a que se considerarán vulnerados los derechos colectivos a la moral administrativa y al patrimonio público.

Como se recordará la concesión se entregó pero la obra se frenó en 1999 por protestas de las comunidades, debido al cobro de peajes, luego de lo cual el contrato fue cancelado por la Gobernación.
Hoy, debido al tiempo transcurrido y a los intereses causados, se calcula que la deuda supera los $ 43 mil millones, de los cuales la Gobernación del Valle del Cauca sólo ha girado 29 mil.
A través de la acción popular interpuesta por un particular se busca que se liquiden los intereses reclamando el pronto pago, para evitar que se cause un mayor detrimento al patrimonio público y es posible que de allí se tomen acciones contra los funcionarios que han dilatado el proceso y el pago desde hace más de 6 años.

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