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Sancionados miembros del Gaula por muerte de menor

Bogotá, 15 de abril de 2009. Por violación al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos la Procuraduría General de la Nación a través de la delegada disciplinaria para la defensa de los derechos humanos sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo sin remuneración, por el término de doce (12) meses a un grupo de miembros del ejército adscritos para la época de los hechos al Grupo Gaula de Casanare, con sede en Yopal.

La decisión cobija al Cabo Primero Carlos Andrés Ortiz Ochoa y a los Soldados Profesionales Cataño Cachay Ricaurte, Argiro Cardona Mejía, Alexander Gonzáles Almario, Roger Estrada Gonzalez y Dirian Campo Vergara y fue proferida por el homicidio de la menor de Maria Magdalena Pan Sativa, en hechos ocurridos el 12 de octubre febrero de 2003.

Precisó la Procuraduria que los parámetros de actuación de las Fuerzas Militares y en general de la Fuerza Pública los obligan entre otras situaciones a respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios y obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas

Para el Ministerio Público las pruebas permiten establecer si que miembros del grupo ilegal estaban dentro de la casa, solicitándoles agua y una bolsa a las menores de edad, y que los miembros del Ejército Nacional empezaron el ataque, sin que se hubiesen percatado de la presencia de las menores de edad, que desde ninguna óptica se podrían considerar como combatientes.

Si bien es cierto que en el proceso en mención nunca se logró establecer a que arma correspondía el proyectil que acabó con la vida de la menor, lo que se endilgada a los disciplinados es que éstos irrumpieron disparando abruptamente en la vivienda en donde se encontraban las tres menores lo que originó el intercambio de disparos que trajo como consecuencia la muerte de la menor.

Es, entonces, la falta de cuidado con la población civil ajena al conflicto que por sus circunstancias particulares se ve obligada a vivir en una zona de conflicto, la conducta endilgada a los investigados, no que con un proyectil disparado por estos se hubiese producido la muerte de la menor concluyó la Procuraduría.

La decisión es de primera instancia y contra ella procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.

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