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Máxima sanción a ex tesorero general de Empresas Varias de Medellín E.S.P.

Bogotá, domingo 12 de abril de 2009. Por haber incumplido sus deberes funcionales manejando irregularmente los dineros de la cuenta del banco Davivienda con la que se pagaban los salarios de los trabajadores de las Empresas Varias de Medellín, la Procuraduria General de la Nación, a través de su delegada para la Economía y la Hacienda Pública sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de 20 años a Carlos Humberto Rojas Obando.

Destacó la Procuraduría que los hechos que dieron origen a la sanción ocurrieron en los años 2002, 2003 y 2004 y están relacionados con las actuaciones irregulares que el disciplinado en su cargo de Cajero General de las Empresas Varias de Medellín realizó al haber hecho traslados en cuantía de $1.263.970.118 de la Cuenta No. 0360 00888564 de Empresas Varias de Medellín a varias cuentas de personas que no aparecían vinculadas al servicio de la entidad y tampoco se encontraban matriculadas en la base de datos del registro de proponentes de las Empresas Varias de Medellín.

Precisó además el Ministerio Público que “quedó plenamente demostrado que una de las formas utilizadas por Rojas Obando para efectuar las transferencias fraudulentas las realizaba a través de dobles pagos: efectuaba el pago a un proveedor girando de la cuenta DAVIVIENDA, seguidamente procedía a anular este pago reviviendo nuevamente el pasivo el cual era cancelado a través de las cuentas del Banco de Occidente. Para cubrir estos movimientos procedía a hacer los asientos contables en las cuentas de inversión; los dineros eran retirados y luego los hacía figurar como inversiones en FIDUCOLOMBIA, y después por transferencias de fondos los ubicaba en las cuentas de terceros utilizadas para cometer las defraudaciones.”

Debe hacerse la salvedad que los hechos realizados durante las dos primeras vigencias (2002 y 2003), están prescritos en los términos del artículo 30 de la Ley 734 de 2002, razón por la cual la sentencia sólo tuvo en cuenta los actos ejecutados por el entonces cajero general durante los meses de enero a septiembre 16 de 2004.

La conducta censurada se califica como gravísima a título de dolo, dada la gravedad de los hechos y la capacidad de comprender la ilicitud de los actos realizados que le representaron un incremento patrimonial indebido al igual que el de terceros a costa de los intereses económicos del Estado.

La falta fue calificada como gravísima a título de dolo. La sentencia es de primera instancia y contra la misma procede el recurso de apelación.

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