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PGN apoya procedimiento especial para agilizar devolución de dineros de las llamadas “pirámides”

Bogotá, domingo 5 de abril de 2009. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar exequible el decreto legislativo 4705 del 15 de Diciembre de 2008, por medio del cual se adiciona y modifica en el caso de las llamadas “pirámides” el procedimiento de intervención creado por el Decreto 4334 de 2008, en especial en lo referente a la devolución de los dineros entregados por el público incluyendo el tratamiento de los bienes en cuanto a su conservación, inventario y enajenación.

Destacó la Procuraduría que los procedimientos ordinarios para los casos de devolución de dineros recaudados en forma ilegal es lenta y difícil en la medida en que el impulso de ese tipo de procesos y las gestiones de pago respectivas se rigen por el trámite concursal, el cual no tiene en cuenta las especificidades propias de las distintas modalidades del ilícito en cuestión, de manera que, en muchos casos, los objetivos de proteger los derechos de terceros y de preservar la confianza del público, en general, resultan inocuos.

En consecuencia para el Ministerio Público, el decreto 4705 de 2008 responde a la insuficiencia y deficiencia de los mecanismos ordinarios para conjurar la presente crisis social, buscando suplir las falencias de aquellos, mediante la consolidación de un nuevo modelo de intervención del Estado para tomar posesión de los bienes, haberes y negocios de los captadores con el propósito de restablecer y preservar el interés general que reviste la actividad financiera, salvaguardando los ahorros del público.

En este sentido queda claro que al otorgar facultades adicionales de intervención a la Superintendencia de sociedades y los agentes interventores correspondientes, no está vulnerando ningún valor principio o derecho fundamental y, por el contrario, está fortaleciendo la colaboración armónica que constitucionalmente debe imperar entre las distintas ramas y órganos del poder público.

Igualmente, establece que las Superintendencias de Sociedades y Financiera implementarán los mecanismos y canales de coordinación que consideren necesarios, a fin de garantizar que no se presenten demoras, ni duplicidad en los trámites y actuaciones a su cargo para tales efectos.

Así las cosas, concluyó que los distintos artículos del decreto legislativo bajo estudio concurren en el propósito constitucional de garantizar la pronta y equitativa devolución de los dineros entregados por los incautos ciudadanos a las personas dedicadas a las actividades de recaudo ilícito de dineros del público, engañados por la falsa promesa de exorbitantes réditos insostenibles en el mediano y largo plazo, quienes ante la pérdida de su capital quedaron en apremiantes condiciones económicas que amenazan su digna subsistencia y la de los miembros de su núcleo familiar y, en consecuencia, también la estabilidad del orden social.

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