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PGN destituye a ex Alcalde de Fusagasugá

Bogotá, 17 de marzo de 2008. Por irregularidades en la contratación, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad, por el término de 13 años, a César Augusto Jiménez Rubiano, ex alcalde de Fusagasugá, y a Víctor Manuel Fernández Aguilar, Jefe de la Oficina Asesora del Medio Ambiente, y con suspensión e inhabilidad especial, por el término de cuatro meses, a Edilberto Salazar Gómez, ex secretario de Hacienda del municipio.

En el fallo de primera instancia, la Procuraduría Provincial de Fusagasugá encontró que en su condición de Alcalde Municipal, el señor Jiménez Rubiano, incurrió en falta disciplinaria al contratar servicios profesionales, con el fin de efectuar avalúos técnicos comerciales, con una persona que no acreditó la experiencia requerida, con lo cual se vulneró el deber funcional de transparencia y selección objetiva en la contratación.

Al examinar la conducta del entonces Secretario de Hacienda Edilberto Salazar Gómez, en este mismo caso, concluyó que, como supervisor del contrato, le correspondía velar porque el contratista cumpliera el objeto del contrato y, por el contrario, certificó el cumplimiento de la orden sin que el servicio se prestara conforme con la metodología del trabajo contenida en los estudios previos.

Frente a los cargos formulados contra el Jefe de la Oficina Asesora del Medio Ambiente del Municipio Víctor Manuel Fernández Aguilar, consideró que incurrió en falta disciplinaria, al certificar como recibidas a satisfacción las obras para la construcción de unidades sanitarias básicas en el sector rural de San Rafael, sin que se ejecutaran conforme a lo pactado y que, según la Contraloría de Cundinamarca, eran de un menor costo que lo contratado.

Similar situación se observó en relación con el contrato que tuvo como objeto la construcción de tres unidades básicas sanitarias en el sector rural del Edén y en el que también como interventor, expidió certificación de recibido a satisfacción cuanto no se ejecutaron las obras conforme a los pactado.

Contra la decisión procede el recurso de apelación ante la Procuraduría Regional de Cundinamarca.