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Destituida concejal de Santa María (Boyaca)

Bogotá, sábado 14 de marzo de 2009. Por haber violado el régimen de incompatibilidades la Procuraduría Provincial de Guateque, en fallo de primera instancia, sancionó con destitución e inhabilidad general por un término de diez años y tres meses a Carmen Emilia Moreno Martínez, quien había sido elegida como Concejal del municipio de Santa Maria (Boyacá) para el periodo 2008-2011.

La incompatibilidad en que se encontraba incursa la disciplinada está relacionada con el hecho de haber desempeñado de manera simultánea el cargo de Concejal, y el de empleada de la Empresa de Seguridad Social EMDISALUD E.S.S., en el municipio de Santa María, en el cargo de AUXILIAR MUNICIPAL DE SALUD, teniendo en cuenta que la prohibición del artículo 45 numeral 5° de la ley 136 de 1994, que indica que ‘los Concejales municipales no podrán ser empleados de empresas que presten el servicio de seguridad social en el respectivo municipio.”

Precisó la Procuraduría que “el desarrollo de la función del Concejal debe estar orientada por los principios de moralidad y transparencia, los que resultan garantizados en la medida en que el Concejal no realice actividades privadas que entren en tensión con aquellas especiales funciones que la Constitución y la ley les ha asignado a las corporaciones administrativas municipales, en relación con los mecanismos de solidaridad y de subsidio, que se concretan en los servicios que prestan las empresas de seguridad social y las de servicios públicos domiciliarios”, para evitar conflictos de interés.

Igualmente, destacó la sentencia que los servidores tienen un deber especial de cuidado en el cumplimiento de sus obligaciones, derivado de la relación especial de sujeción que nace de su vinculación con el Estado, dado que éste está al servicio de la comunidad y tiene como objetivo el cumplimiento de los cometidos estatales

Lo anterior implica, que todo servidor público al posesionarse de función pública, tiene el deber de conocer los deberes que le incumben y uno de esos principalísimos deberes que debe constatar la persona, incluso, previo a la toma de posesión, es verificar no hallarse impedida para ejercer la función y determinar qué actividades privadas no puede realizar al tiempo que ejerce función pública; los anteriores son tal vez los deberes más elementales que atañen al servidor del estado; pues es inadmisible que uno se posesione de un cargo sin saber qué es lo que está obligado a hacer y lo que no puede hacer; de lo contrario no se entendería el compromiso de servicio que se adquiere con la comunidad, máxime cuando de representarla en una posición del Estado se trata, concluyó el Ministerio Público

La falta fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima. Contra la decisión procede el recurso de apelación, ante la Procuraduria Regional de Boyaca.