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En teleconferencia, Procuraduría promueve gestión del cambio cultural en la entidad

Bogotá, 13 de marzo de 2009. La Procuraduría General de la Nación realizará este próximo lunes 16 de marzo a partir de las 9:00 de la mañana la teleconferencia denominada 'Gestión del cambio cultural'.

A través de este espacio el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, presentará a la ciudadanía y a los servidores públicos de todo el país los énfasis y prioridades en la gestión de esta nueva etapa de cuatro años, así como el programa de capacitación sobre Gestión del Cambio Cultural que adelantará el Instituto de Estudios del Ministerio Público a los funcionarios de la Entidad.

Para esta administración es esencial acompañar el proceso de transformación y modernización física y tecnológica de la Procuraduría, con la actitud positiva ante los nuevos modelos, procesos y herramientas que como seres humanos debemos enfrentar.

El jefe del Ministerio Público invita a los personeros y a las diversas autoridades departamentales, distritales y municipales a participar de esta teleconferencia que se emitirá en directo por el Canal Señal Institucional (Canal 9) a partir de las 9:00 de la mañana.

 

 

 

 

 

 

Señores periodistas: El siguiente material se encuentra embargado. Por favor, asumir la fecha y hora de cada uno de los boletines como la correspondiente a su emisión por parte de la Oficina de Prensa. Gracias.

135-09

Destituida concejal de Santa María (Boyaca)

Bogotá, sábado 14 de marzo de 2009. 8:00 a.m. Por haber violado el régimen de incompatibilidades la Procuraduría Provincial de Guateque, en fallo de primera instancia, sancionó con destitución e inhabilidad general por un término de diez años y tres meses a Carmen Emilia Moreno Martínez, quien había sido elegida como Concejal del municipio de Santa Maria (Boyacá) para el periodo 2008-2011.

La incompatibilidad en que se encontraba incursa la disciplinada está relacionada con el hecho de haber desempeñado de manera simultánea el cargo de Concejal, y el de empleada de la Empresa de Seguridad Social EMDISALUD E.S.S., en el municipio de Santa María, en el cargo de AUXILIAR MUNICIPAL DE SALUD, teniendo en cuenta que la prohibición del artículo 45 numeral 5° de la ley 136 de 1994, que indica que ‘los Concejales municipales no podrán ser empleados de empresas que presten el servicio de seguridad social en el respectivo municipio.”

Precisó la Procuraduría que “el desarrollo de la función del Concejal debe estar orientada por los principios de moralidad y transparencia, los que resultan garantizados en la medida en que el Concejal no realice actividades privadas que entren en tensión con aquellas especiales funciones que la Constitución y la ley les ha asignado a las corporaciones administrativas municipales, en relación con los mecanismos de solidaridad y de subsidio, que se concretan en los servicios que prestan las empresas de seguridad social y las de servicios públicos domiciliarios”, para evitar conflictos de interés.

Igualmente, destacó la sentencia que los servidores tienen un deber especial de cuidado en el cumplimiento de sus obligaciones, derivado de la relación especial de sujeción que nace de su vinculación con el Estado, dado que éste está al servicio de la comunidad y tiene como objetivo el cumplimiento de los cometidos estatales

Lo anterior implica, que todo servidor público al posesionarse de función pública, tiene el deber de conocer los deberes que le incumben y uno de esos principalísimos deberes que debe constatar la persona, incluso, previo a la toma de posesión, es verificar no hallarse impedida para ejercer la función y determinar qué actividades privadas no puede realizar al tiempo que ejerce función pública; los anteriores son tal vez los deberes más elementales que atañen al servidor del estado; pues es inadmisible que uno se posesione de un cargo sin saber qué es lo que está obligado a hacer y lo que no puede hacer; de lo contrario no se entendería el compromiso de servicio que se adquiere con la comunidad, máxime cuando de representarla en una posición del Estado se trata, concluyó el Ministerio Público

La falta fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima. Contra la decisión procede el recurso de apelación, ante la Procuraduria Regional de Boyaca.

136-09

Procuraduría sanciona a ex Secretario de Obras y Vías de La Guajira

Bogotá, sábado 14 de marzo de 2009. 8:00 a.m. La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión e inhabilidad especial por 12 meses al señor Javier Alfonso Figueroa Mejía en su condición de Secretario de Obras y Vías de La Guajira por irregularidades en el desarrollo de un convenio interadministrativo firmado entre la gobernación de La Guajira y la Universidad de Cartagena.

Los hechos indican que el señor Figueroa Mejía incurrió en falsedad documental debido a que el acta mediante la cual se adicionó el plazo de ejecución del mencionado convenio, se firmó en una fecha posterior a la que se registra en dicho documento.

La cuestionada acta tiene fecha del 15 de julio de 2004, cuando en realidad la fecha de suscripción fue posterior al 22 de octubre de 2004, pues a esta fecha todavía no se habían iniciado las obras objeto del mencionado convenio, prueba de ello son dos oficios suscritos el 6 y 20 de octubre de 2004 en los cuales la Gobernación de La Guajira, a través del secretario de Obras y Vías, solicitan al contratista que se inicie la ejecución del convenio, ya que hacía más de tres meses se le giraron el 100 por ciento del valor del convenio y todavía no se habían iniciado las obras.

Se estableció además que si el acta de adición al plazo del convenio se hubiera firmado el 15 de julio de 2004, a esa fecha el señor Figueroa Mejía no tenía facultades para hacerlo, porque no era el representante legal de la Gobernación, tampoco tenía asignadas las facultades para contratar ni era el interventor del convenio.

De acuerdo con lo dispuesto en el Código Único Disciplinario el término de suspensión se convertirá en salarios, y en consecuencia, deberá cancelar una suma equivalente a 12 meses de salario devengado para el año 2004.

137-09

Sancionado ex alcalde de Villa de Leyva y su secretario general
Bogotá, domingo 15 de marzo de 2009. 8:00 a.m. Por irregularidades en la elección de nuevos miembros de la Junta directiva del Hospital San Francisco de Villa de Leyva (Boyacá), la Procuraduría General de la Nación sancionó al señor Luis Alfredo Igua Sáenz, en su calidad de alcalde de ese municipio con suspensión e inhabilidad especial por 60 días.

Dentro de la decisión disciplinaria de primera instancia también se sancionó al entonces Secretario General y de Gobierno de Villa de Leyva, Mario Enrique López Castellanos con suspensión e inhabilidad especial por el término de 30 días.

El entonces alcalde designó a varias personas en la Junta Directiva de la ESE Hospital San Francisco de Villa de Leyva, pese a que no cumplían con los requisitos establecidos en la ley y se desconoció el procedimiento que se señala para elegir a los representantes ante la Junta Directiva del sector científico y del gremio de la producción y comercial.

Al señor Mario Enrique López fue hallado responsable de haber firmado junto con el alcalde los decretos mediante los cuales se designó de manera irregular a los nuevos miembros de la Junta Directiva de la ESE Hospital San Francisco de Villa de Leyva.

Teniendo en cuenta que la suspensión de los disciplinados no se puede ejecutar porque no se encuentran en ejercicio de sus cargos, la sanción se convertirá en una multa equivalente a 60 días de salario devengado para la época de los hechos.

Esta decisión fue apelada por los afectados ante la Procuraduría Regional de Boyacá.

138-09

Destituida e inhabilitada ex pagadora de la Cárcel de Pasto

Bogotá, domingo 15 de marzo de 2009. 8:00 a.m. Por manejos irregulares en el presupuesto la Procuraduría Regional de Nariño sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de 10 años a Yolanda Campaña de Narváez ex pagadora de la cárcel de Pasto.

La decisión de la Procuraduría está relacionada con los resultados de la auditoria de la Contraloría General de la Nación respecto del manejo de la ejecución presupuestal del año 2006 por los rubros relacionados con los pagos reportados en la contabilidad por servicios públicos y los que efectivamente se hicieron, al punto que dejó de pagar Ochenta Millones Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Doscientos Nueve Pesos.

El proceso se adelantó de manera conjunta contra Yolanda Campaña de Narváez como pagadora y contra Diego Conde Betancur y Jorge Armando Chamorro Fuertes, ex directores del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Pasto.

Según lo comprobado por el Ministerio Público los ex directores omitieron ejercer control a la gestión desarrollada por la pagadora que no llevo en debida forma los libros de contabilidad financiera (Libro Diario, Mayor y Balance) lo cual, de contera, hizo que no se pudiera ejercer control a la ejecución de recursos públicos destinados al pago de servicios públicos domiciliarios y adicionalmente incumplieron con los principios de la función administrativa en particular los atinentes a la eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia.

Las faltas fueron calificadas como gravísimas y para los ex directores el reproche se hizo a título de culpa pues no hay prueba que sostenga una conducta intencionada a cometer la falta disciplinaria, en tanto que en el caso de la señora Campaña de Narváez, es a título de dolo ya que sus acciones se orientaron directamente a no llevar registros ni de ejecución presupuestal ni de contabilidad que indicaran como era el tratamiento real dado a los recursos públicos destinados al pago de servicios públicos domiciliaros.

En la misma sentencia también fueron sancionados los ex directores ya identificados con suspensión en el cargo por el término de 3 meses.

La sentencia es de primera instancia y contra la misma procede el recurso de apelación.