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PGN apoya constitucionalidad de la extinción del dominio establecida en el estatuto de desarrollo rural

Bogotá, domingo 8 de marzo de 2009. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declare la exequibilidad del artículo 144 del Estatuto de Desarrollo Rural - Ley 1152 de 2007 – en el cual se establece a favor de la Nación la extinción del derecho de dominio o propiedad sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión durante tres años continuos.

Estableció el Ministerio Público que la figura jurídica del citado artículo es el resultado del incumplimiento de la función social o ecológica de la propiedad, para lo cual la constitución no exige sentencia judicial.

Aclaró el Ministerio Público que para efectos de la aplicación de la norma del Estatuto de Desarrollo Rural se debe entender que la función social de la propiedad, implica que en aras del interés general, los bienes deben ser útiles o provechosos tanto para su dueño o poseedor como para la comunidad en general; y que la función ecológica de la propiedad, constituye una limitación en el ejercicio de tal derecho, pues impone a quienes explotan los bienes el deber de proteger los recursos naturales renovables y el medio ambiente, con el fin de garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Por último, se destacó que la norma en estudio establece que la extinción del dominio no procederá en los casos de predios de resguardos indígenas, los de propiedad colectiva de comunidades negras y los demás que de acuerdo con la Constitución Nacional ostenten la calidad de imprescriptibles, inalienables e inembargables.

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PGN solicita eliminar inhabilidad especial en concursos para convertirse en notario

Bogotá, domingo 8 de marzo de 2009. 8:00 a.m. Por considerar que vulnera derechos fundamentales la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declare la inexequibilidad del artículo 167 del Estatuto de Notariado.

La norma en estudio establece que el caso de los concursos públicos para acceder al cargo de notario quien por primera vez pierda un concurso no podrá participar en el siguiente; y quien lo pierda por segunda vez no podrá participar en los dos siguientes, y quien por tercera vez lo pierda no podrá volver a concursar.

Para la Procuraduría las limitaciones consagradas en la disposición acusada, no son ajustadas a la Constitución Política, por ser irrazonables y desproporcionadas, en la medida que no atienden a privilegiar el mérito como la exigencia para ingresar a la función pública.

Precisó el Ministerio Público que se vulnera con la norma el derecho a la igualdad y el acceso a los cargos públicos, desconociendo la posibilidad posterior de mejorar la formación y capacitación por parte de los participantes excluyendo de plano al postulante.

Destacó la Procuraduría que al respecto la Corte Constitucional ya se había pronunciado en la sentencia C- 040 de 1995 en la que manifestó que las limitaciones y restricciones de acceso a los procesos de selección deben ser razonables y objetivas, y deben procurar ante todo la materialización del mérito como el más importante factor en la escogencia de la persona que busca ejercer un cargo público, esto es, tener en cuenta la evaluación de todos y cada uno de los factores que deben reunir los candidatos a ocupar un cargo en la administración pública, dentro de una sana competencia para lograr una selección justa, equitativa, imparcial y adecuada a las necesidades del servicio público.