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PGN destaca aspectos relevantes de la II Video conferencia informativa sobre defensa jurídica del Estado


Bogotá D.C., 4 de marzo de 2009. La estabilidad financiera del país podría verse gravemente afectada por los valores que se pagan en demandas y conciliaciones, llegando a cifras que sobrepasan el billón de pesos para el año 2007, fue la alerta que se presentó por parte del Procurador General de la Nación; Alejandro Ordóñez y de Roberto pablo Hoyos el Vicecontralor General de la República.

Las manifestaciones fueron presentadas en el marco de la II videoconferencia informativa sobre defensa Jurídica del Estado, organizada por el Ministerio del Interior y de Justicia en asocio con la Procuraduria General de la Nación y la Contraloría General de la República en la que se destacó la debilidad de materia de la defensa judicial del Estado.

Se precisó que a pesar de que la ley 448 de 1998 creó el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, éste, a pesar de haber transcurrido más de 10 años de la expedición de la ley no funciona en el caso de los pasivos contingentes por sentencias y conciliaciones y solo hasta el año 2003 el documento CONPES 3250 planteó la necesidad del fortalecimiento en la defensa judicial de la Nación.

Según la información estadística dada a conocer por la Contaduría General de la Nación, las entidades y organismos del orden nacional y territorial, durante el año 2007, ejecutaron recursos por más de un billón ciento noventa y siete millones de pesos ($1.197 billones) por concepto de pago de conciliaciones y condenas derivadas de sentencias y laudos condenatorios; con una preocupante situación, pues existen municipios en los cuales las pretensiones por demandas en su contra superan sus ingresos fiscales.

En el tema de entidades territoriales los pagos durante el 2007 por sentencias y conciliaciones fue por $34.000 millones sobresaliendo los municipios de categoría primera y sexta; por entidades la más demandada es el Ministerio de Defensa Nacional en la que se comprende el ejército, la armada, la fuerza aérea y la policía.

En palabras del señor Procurador “este panorama crítico convoca a los entes de control y al Ministerio del Interior y de Justicia a hacer los mayores esfuerzos en materia preventiva, específicamente en el control de gestión y en la verificación del cumplimiento de políticas públicas. A través de dichas acciones se logrará el fortalecimiento de la denominada gerencia jurídica pública, lo que se traducirá en la adopción de medidas de prevención del daño antijurídico y en la optimización de la defensa judicial de los intereses de las entidades de derecho público.”

La Procuraduría General de la Nación para garantizar una defensa adecuada del patrimonio estatal realizará las siguientes funciones: (i) diseño de políticas de prevención del daño antijurídico; (ii) ejecución de políticas generales de defensa de los intereses litigiosos de la entidad; (iii) análisis riguroso acerca de la procedencia de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, y (v) adopción de medidas encaminadas al fortalecimiento del uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, con énfasis en la conciliación.

Destacó igualmente las bondades de la conciliación y la nueva función exclusiva para celebrar los acuerdos conciliatorios extrajudiciales en asuntos de lo contencioso administrativo y a partir de la vigencia de la reforma de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, contenida en la Ley 1285 de 23 de enero de 2009, en virtud de la cual ninguna persona que pretenda incoar una acción indemnizatoria contra el Estado, podrá presentar una demanda en sede judicial si antes no ha intentado celebrar una conciliación de sus diferencias con su contraparte.

En lo relacionado con tal función el Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado Dr Roberto Serrato precisó que podrán conciliar, total o parcialmente, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales, sobre conflictos de carácter particular y contenido patrimonial que ante la jurisdicción contenciosa se ventilarán mediante el ejercicio de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del C.C.A. que corresponden a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la de reparación directa y las relacionadas con controversias contractuales.

Destacó que según datos suministrados por el Consejo Superior de la Judicatura, en el año 2007 ingresaron a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (juzgados y tribunales administrativos): 153.095 procesos, de los cuales 86.246 - es decir el 56.3% - poseen un contenido indemnizatorio siendo, por tanto, asuntos de naturaleza conciliable.

A continuación las palabras del señor Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez en la instalación del evento y la presentación del Dr Roberto Serrato sobre la conciliación prejudicial en materia contencioso administrativa.

Conferencia de instalación a cargo del Procurador General de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado.

Presentación a cargo del Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, doctor Roberto Serrato Valdés.