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Endurecimiento de la pena en encubrimiento de operaciones financieras provenientes de las pirámides

Bogotá, 3 de marzo de 2009. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar exequible el Decreto legislativo 4449 de 2008, por medio del cual se endureció la pena para el delito de omisión de control, y se creó un nuevo tipo penal relacionado con los reportes sobre transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo.

La solicitud del Ministerio Público destaca que las medidas tomadas en la norma en mención son idóneas y proporcionales frente al Estado de Emergencia Social originado por la proliferación y fortalecimiento las llamadas “pirámides” y todas aquellas empresas que se les asimilen, y con su adopción, no se exceden los límites constitucionales impuestos en la Carta Política de 1991

Destacó la Procuraduría que la posesión, movilización y almacenamiento de recursos en efectivo constituye un eslabón básico para permitir el flujo de dineros provenientes de actividades ilegales, y en consecuencia, las penas para los infractores deben propender por desmotivar el encubrimiento por quienes tienen el deber legal de informar a las autoridades.

El decreto en estudio establece la redosificación de la pena con un cambio entre 32 a 108 meses para pasar a una de 38 a 128 meses, y el segundo delito, la obligación de adicional al cumplimiento de los controles reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de la Secretaria de Hacienda las transacciones en efectivo, la movilización o el almacenamiento de dinero en efectivo.

Precisó el Ministerio Público que el propósito es impedir la extensión de los efectos generados por el ejercicio ilegal de la actividad financiera, con el fin de dificultar la comisión de delitos financieros, reduciendo la posibilidad de desviar los recursos y de eludir el control al lavado de activos y a la captación ilegal de dineros del público en forma masiva y habitual, generándose un menor impacto social con mayores posibilidades de recuperación de los recursos invertidos; esto, por cuanto, con la información debida, la acción de las autoridades encargadas de perseguir el delito puede ser más oportuna y eficaz.