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PGN pide constitucionalidad de decreto que regula la figura de las Compraventas y créditos de cobro periódico

Bogotá, domingo 22 de febrero de 2009. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional, declare la constitucionalidad del decreto legislativo 4450 de 2008, por medio del cual se adicionó el artículo 305 del Código Penal, a fin de regular la actividad de las compraventas y prestamistas de cobro periódico.

La norma se refiere a las medidas que a finales del año anterior expidió el Gobierno Nacional, al amparo de la declaratoria de emergencia social, para detener la proliferación de distintas modalidades de captación o recaudo masivo de dineros del público, sin autorización estatal.

En concepto del Procurador General de la Nación, la norma se ajusta a la Constitución Política y está íntimamente relacionada con el Decreto 4333 de 2008, que decretó el estado de emergencia social, por cuanto a través de la modificación del Código Penal se buscó conjurar la crisis que llevó a tal declaratoria.

Consideró que la medida cumple con las exigencias de necesidad y proporcionalidad, puesto que impide que mediante los contratos de compraventa con pacto de retroventa y los cobros periódicos, se cobren intereses ilegales que superen los límites fijados por la Superintendencia Financiera.

Para el Ministerio Público los alcances del decreto constituyen una medida de prevención general para proteger el interés público de los brotes especulativos que sobrevinieron con ocasión del derrumbe de las denominadas pirámides, definiendo penas severas para quienes, mediante las figuras de compraventa con pacto de retroventa y cobros diarios, gota a gota, incurran en el delito de usura.

Señaló que el decreto no pretende prohibir el ejercicio comercial de las compraventas, sino que determina unos criterios que les permitan realizar su actividad comercial dentro de los límites fijados por la ley.