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PGN interviene para proteger derechos de desplazados ubicados en zona de alto riesgo

Bogotá, 20 de febrero de 2009. En aras de proteger los derechos de la población desplazada que fue ubicada por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incoder) en una zona de alto riesgo de inundación y avalanchas provenientes del río Magdalena, la Procuraduría General de la Nación presentó una acción popular contra este organismo.

La acción popular fue admitida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá, que dio traslado al director del Incoder para que conteste la referida acción y solicite, si lo considera pertinente, la práctica de pruebas con la contestación de la demanda.

El Ministerio Público pudo establecer que en año 2006, el Incoder adquirió un predio denominado Isla del Sol, el cual presenta una situación de amenaza permanente de inundación que impide su utilización para proyectos de reforma agraria.

La situación fue dada a conocer por los adjudicatarios del predio, en febrero de 2006, a través de un escrito dirigido al entonces coordinador del Grupo Técnico Territorial del Incoder, en el que manifiestan su preocupación por las inundaciones que haya sufrido el inmueble en el pasado y las que puedan ocasionarse ante el crecimiento del río Magdalena.

La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios conoció que en los años 2006 y 2007 se presentaron varias inundaciones que afectaron este terreno. La situación obligó al entonces alcalde municipal a solicitar al Incoder la reubicación de las familias afectadas por esta situación, sin embargo, el Instituto, sin tener en cuenta las recomendaciones de reubicación definitiva, adjudicó una décima parte del predio de La Isla.

A juicio del Órgano de Control es necesaria “la reubicación definitiva de las familias afectadas y mientras se realiza esta se debe garantizar la reubicación temporal así como la ayuda humanitaria de emergencia a la que tienen derecho las familias desplazadas mientras se logra la estabilización económica definitiva”.

Considera además que la adquisición por parte del Incoder del predio La Isla del Sol, sin haber considerado la situación de zona de riesgo de inundaciones viola o amenaza los derechos colectivos a la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público.

Cabe anotar que ya existe un fallo de tutela, el cual fue proferido el día 10 de noviembre de 2008 por el Juzgado Administrativo del Huila, la cual también fue impetrada por la Procuraduría, y en la que se ordenó la reubicación de las familias desplazadas en forma inmediata por la amenaza latente; el Incoder ya cumplió las órdenes proferidas al comprar un predio para ellos.

Por ello, la Procuraduría 27 Judicial para Asuntos Ambientales y Agrarios solicita dentro de la acción popular:

1. Ordenar al Incoder reformular el proyecto productivo a todos los adjudicatarios del predio isla del Sol en el nuevo predio donde sean reubicados.

2. Que se declare que el contrato de compraventa contenido en escritura pública 1460 en la Notaría Quinta de Neiva que protocolizó la compraventa entre el Incoder y los oferentes del predio Isla del Sol, vereda Albadán, municipio de Rivera, Huila Número de matricula inmobiliaria 200-144796 desconoció los preceptos constitucionales y legales, debido a que con la adquisición del mismo se generaron graves perjuicios a los sujetos beneficiarios de los programas de reforma social agraria, al patrimonio público, a la moralidad administrativa, al derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, a los derechos de los consumidores y usuarios y que como consecuencia el mismo carece de efectos jurídicos.

3. Que se restituyan las cosas a su estado anterior a la venta para lo cual el Incoder deberá adelantar las acciones judiciales correspondientes.

4. Ordenar al Incoder abstenerse de adquirir predios que comprometan la integridad personal y vida de los beneficiarios de sus programas de reforma agraria en uno que reúna las condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad que debe caracterizar un proceso de reubicación de desplazados, y que garantice la recuperación socioeconómica de los mismos.

5. Compulsar copias a la Contraloría General de la República para que se adelante con carácter preferente las investigaciones por responsabilidad fiscal a las que hubiere lugar.