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PGN apoya decreto de endurecimiento de las penas para quienes cometan el delito de captación de dineros

Bogotá, 20 de febrero de 2009. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar exequible el decreto legislativo 4336 de 2008, por medio del cual se aumentó la pena de quienes incurran en el delito de captación ilegal de dinero y se creó un tipo penal autónomo por la no devolución del dinero captado de manera ilegal.

Precisó el Ministerio Público que la medida se tomó para conjurar las causas de la emergencia social originadas por las llamadas “pirámides” y las que se les asimilan, teniendo en cuenta el grave daño social que dicha actividad genera por lo que se hace necesario hacer más severas y proporcionales las consecuencias punitivas de la conducta.

Con la modificación de la norma se redosificó la pena pues se pasó de una entre 32 y 108 meses de prisión a una de entre 120 a 240 meses, así mismo se estableció una pena de 96 a 180 meses para quien habiendo captado recursos del público no los reintegre.

Destacó la Procuraduría que el propósito de impedir la extensión de los efectos generados por el ejercicio ilegal de la actividad financiera contribuye a la eliminación de los factores de riesgo de la inversión privada e implican, para los afectados, una posibilidad adicional en la recuperación de los recursos invertidos por cuanto la acción de las autoridades encargadas de perseguir el delito se extiende a la totalidad de los integrantes de las redes comerciales que se constituyen para tal fin y a la consecuente incautación de dineros y bienes de esas organizaciones.

En criterio del Ministerio Público las medidas son idóneas y proporcionales al fin que con ellas se persigue, su necesidad es evidente y con su adopción no se exceden los límites constitucionales impuestos en la Carta Política de 1991.