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Apoyo a las medidas financieras decretadas en la emergencia social solicitó la PGN

Bogotá, 19 de febrero de 2009. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declare la exequibilidad del decreto legislativo 4591 de 2008, por medio del cual se dictaron medidas para extender la oferta de servicios financieros a las personas de menores ingresos.

La solicitud del Ministerio Público destaca que las medidas tomadas en la norma en mención son idóneas y proporcionales frente al Estado de Emergencia Social originado por la proliferación y fortalecimiento las llamadas “pirámides” y todas aquellas empresas que se les asimilen, y con su adopción, no se exceden los límites constitucionales impuestos en la Carta Política de 1991

Como se recordará, el decreto posibilitó la utilización de redes para las cuentas de ahorro electrónicas, créditos otorgados a micro, medianas y pequeñas empresas y de libre inversión con apoyo del Fondo Nacional de Garantías y del Fondo Agropecuario de Garantías y reestructuración de los créditos ya otorgados. Igualmente, otorgó la exención del gravamen a los movimientos financieros para este tipo de cuentas y dio la posibilidad de la adquisición de esta cartera por parte del CISA.

Enfatizó la Procuraduría “que la práctica ilegal de captación de recursos del público en forma habitual y masiva, tiene la potencialidad de atentar de manera grave e inminente contra la estabilidad institucional, el orden económico y social del Estado y la convivencia ciudadana. Por ello, entiende que facilitar el acceso al sistema financiero formal en condiciones favorables en cuanto al costo del crédito para las personas que habitan las zonas en donde se desarrolló la actividad financiera de manera ilegal, constituye una medida necesaria para el restablecimiento del orden económico y social en los municipios afectados.”

En Síntesis, en cuanto las medidas adoptadas a través del decreto 4591 de 2008 eliminan las barreras que gravan e imposibilitan el acceso al crédito dentro del sistema financiero, aquellas resultan necesarias y conducentes frente al fin perseguido con la declaratoria de emergencia social, concluyó el Ministerio Público.