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PGN solicita constitucionalidad de los decretos de emergencia social

Bogotá, 19 de febrero de 2009. Por considerar que existía una real amenaza al orden social generada por la proliferación y fortalecimiento desbordado de distintas modalidades de captación o recaudo masivo de dineros del público sin autorización estatal, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declare la exequibilidad del decreto 4333 de 2008, por medio del cual se dictó el Estado de Emergencia Social, el pasado 17 de noviembre.

Como se recordará, la razón en que se fundamentó el Gobierno Nacional para declarar el estado de emergencia social, fue la captación masiva de dineros en diferentes lugares del país, realizada por sofisticados sistemas y procedimientos de acción que dificultaron la intervención de las autoridades de control competentes.

Destacó el Ministerio Público que se evidenció, la insuficiencia de los mecanismos ordinarios para hacer frente y conjurar el fenómeno de la captación no autorizada a través de las competencias ordinarias de las autoridades del Estado, pues la misma quedó casi anulada ante la aparición de novedosas modalidades para su ejercicio en un marco de aparente legalidad.

En palabras de la Procuraduría “La urgencia de la necesidad resulta igualmente convalidada por el contexto social y político del momento que, como quedó demostrado con los desórdenes públicos presentados, exigía una pronta solución al problema generado para las personas que de esta forma perdieron sus ahorros y su capital, en general, comprometiendo su propia subsistencia y la de sus familias.”

Concluyó la Procuraduría General de la Nación, que el decreto 4333 de 2008 cumple con los presupuestos objetivos, formales y materiales, que la Constitución (artículo 245) y la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción (artículo 46) exigen para la declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.