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Destituido rector de la Universidad de Sucre

Bogotá, 13 de febrero de 2009. La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años para ejercer funciones públicas al señor Rafael Peralta Castro, en su condición de rector de la Universidad de Sucre, quien incurrió en falta disciplinaria al violar el régimen de inhabilidades.

El Ministerio Público encontró que el entonces rector de esta institución educativa nombró el 28 de enero del año 2005, como jefe de la Oficina de Control Interno de ese ente a la cuñada del presidente del Consejo Superior de la Universidad de Sucre, Pablo Salcedo Causado, quien ocupaba dicho cargo en nombre y representación del gobernador de ese departamento.

Para la Procuraduría, la participación del señor Peralta Castro en la expedición de esta resolución de rectoría, mediante la cual se nombró a esta particular en el citado cargo, lo hace responsable de la falta disciplinaria calificada como gravísima.

Concluye además que, con su conducta, el entonces rector lesionó los principios de moralidad e imparcialidad tendientes a evitar el tráfico de influencias o el aprovechamiento familiar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señores periodistas: El siguiente material se encuentra embargado. Por favor, asumir la fecha y hora de cada uno de los boletines como la correspondiente a su emisión por parte de la Oficina de Prensa. Gracias.

 

076 - 09

Destituido e inhabilitado ex alcalde de Barbacoas (Nariño)

Bogotá, sábado 14 de febrero de 2009. 8 a.m. Por manejos irregulares en el presupuesto la Procuraduría Regional de Nariño sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de 10 años a Juan Carlos Rueda, quien se desempeñó como alcalde del municipio de Barbacoas en el periodo 2004 – 2007.

Los cargos por los que fue disciplinado el entonces burgomaestre incluyen la inejecución del presupuesto municipal, la perdida de recursos, el pago irregular de cuentas sin que existiera acto administrativo que las respalde y el pago de salarios y pensiones sin descuentos para el sistema de seguridad social.

Llamó la atención la Procuraduría Regional en el hecho de que “es inconcebible que en un municipio como Barbacoas, donde la mayoría de población es de escasos recursos económicos, y más aún su población infantil, no se haya ejecutado ni la mínima parte del los rubros destinados al mejoramiento de la calidad educativa, más aún en lo que atañe a la alimentación escolar”

Destacó el fallo que las faltas son gravísimas a título de dolo pues Juan Carlos Rueda Cortes se apartó concientemente de su deber, y desplegó todos aquellos pasos en pro de obtener un resultado contrario al debido y esperado en derecho, en tanto, su actuar tenía como finalidad desconocer la normatividad que en cada una de las situaciones debió cumplir porque quería los resultados.

El fallo es de primera instancia y contra el mismo procede el recurso de apelación, ante la Procuraduría Delegada para la Economía y Hacienda Pública.

 

077 - 09

PGN consideró que no existen argumentos para iniciar Acción de Revisión en caso contra Ramiro Suárez Corzo

Bogotá, domingo 15 de febrero de 2009. 8 a.m. Bogotá. D.C. 10 de Febrero de 2009. La Procuraduría General de la Nación consideró que no existen argumentos suficientes para iniciar la Acción de Revisión, que permita reabrir el proceso adelantando en contra de Ramiro Suárez Corzo.

De acuerdo con la solicitud formulada por el Fiscal 28 Especializado de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, las versiones de paramilitares desmovilizados, representan una prueba nueva, para imponer medida de aseguramiento, por el delito de homicidio agravado, en contra de Suárez Corzo, en el proceso que precluyó, por decisión de la Fiscalía General de la Nación, y que hizo tránsito a cosa juzgada.

El Procurador Delegado para el Ministerio Público en Asuntos Penales, Gabriel Jaimes Durán, señaló que si bien el fundamento legal para demandar la revisión aludida sería el artículo 220 numeral 3 de la Ley 600 de 2000, la Corte Constitucional, declaró su exequibilidad, en el entendido que la acción de revisión, procede en los casos de preclusión de la investigación, siempre y cuando, se trate de violaciones de derechos humanos o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario, un pronunciamiento judicial interno o una decisión de una instancia internacional de control, aceptada por nuestro país.

Con base en lo anterior, recalcó que la constatación de una prueba conocida al momento de la calificación del sumario por concierto para delinquir, no proviene de una instancia internacional de supervisión y control de Derechos Humanos, sino de una Fiscalía, en el curso de otra investigación penal contra el mismo procesado. Así mismo, que la prueba nueva ha sido objeto de retractación y la controversia probatoria aún no se ha definido.

La Procuraduría General de la Nación, ha verificado que en las decisiones de fondo, con fundamento en las cuales la Fiscalía pretende que se promueva la acción de revisión, no existe versión unánime y no se mencionan las versiones, que ante la unidad de Justicia y Paz, entregaron Salvatore Mancuso y otros miembros de la organización paramilitar.

Resaltó que de acuerdo con informes rendidos por Procuradores Judiciales, que actúan ante esa Unidad de Fiscalía, en diligencias de versión libre, se han producido retractaciones del señalamiento contra el señor Ramiro Suárez Corzo, que son el fundamento probatorio para proferir las providencias judiciales que la Fiscalía recomienda para invocar en la acción.

En opinión del órgano de control, el simple señalamiento de haber cometido un delito, por parte de un desmovilizado, sin haberse decidido sobre su credibilidad, no es argumento para desvirtuar la presunción de inocencia, que es precisamente lo que declaró la Fiscalía y lo que se pretende remover con la acción de revisión.

Finalmente, expresó que la acción de revisión, también puede ser promovida por la Fiscalía General de la Nación, pues la apreciación racional de los elementos de juicio aportados, no permite concluir que constituyan, prueba nueva, con idoneidad suficiente para iniciar la acción de revisión.