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PGN destituye e inhabilita por 15 años a ex alcalde y ex secretaria general de Puerto Boyacá

Bogotá, 11 de febrero de 2009.La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general en el ejercicio del cargo, por el término de quince años, al ex Alcalde de Puerto Boyacá, Luís Eduardo Álvarez Acevedo, y a la ex Secretaria General del municipio, Claudia Beatriz Ríos Rodríguez, por irregularidades en la contratación.

Los hechos tienen que ver con el contrato de obra número 174, suscrito el 23 de junio de 2005, por la señora Claudia Beatriz Londoño, en su calidad de Secretaria General, delegada por el Alcalde de la época, y la Cooperativa Nacional de Desarrollo de Entidades Territoriales, CONALDE, con el objeto de efectuar la construcción de la segunda etapa de la Biblioteca Pública.

De acuerdo con la investigación, se permitió que la firma CONALDE, con quien se contrataron las obras por la suma de 1499 millones 903 mil 268 pesos, subcontratara la realización de los mismos trabajos con la empresa Fonsecas LTDA., pagando por ellos sólo 417 millones 786 mil 481 pesos, con lo que el intermediario incrementó de forma injustificada su patrimonio.

El fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Provincial de Puerto Berrío (Antioquia), encontró que el ex Alcalde Luís Eduardo Álvarez Acevedo, no efectuó la correspondiente inspección y vigilancia a las funciones delegadas en su Secretaria General, faltando al deber de dirigir y controlar la actividad contractual.

Así mismo, el órgano de control determinó que la señora Claudia Beatriz Ríos Rodríguez, en su condición de Secretaria General y de Gobierno de Puerto Boyacá, en ejercicio de funciones delegadas para la contratación, permitió que CONALDE, subcontratara con Fonsecas LTDA., la ejecución de las obras, consintiendo con su actuación que el contratista incrementara su patrimonio en detrimento del erario público.

La falta, así vista, fue calificada por el Ministerio Público como gravísima, cometida a título de dolo.

La decisión fue notificada debidamente a la apoderada de los investigados, sin que contra ella se interpusiera recurso alguno y por tanto se encuentra en firme pendiente de ejecutar por la Gobernación de Boyacá y Alcaldía de Puerto Boyacá.