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PGN continúa seguimiento especial a concesión para la explotación exclusiva del juego de apuestas permanentes (chance) en el departamento del Atlántico

Bogotá, 10 de febrero de 2009. Por irregularidades denunciadas respecto de la Licitación Pública 01 de 2008, cuyo objeto es otorgar en concesión la explotación exclusiva del juego de apuestas permanentes (chance) en el departamento del Atlántico, el Procurador General de la Nación dispuso el pasado 27 de enero de 2009, la creación de una Comisión Especial con el objeto de adelantar actuación preventiva. De tal manera, el tema se abordó desde una doble perspectiva:

1. Estudio jurídico de los pliegos de condiciones de la licitación pública 01 de 2008 a fin de establecer si en los mismos se pudo haber presentado un direccionamiento a favor de un determinado proponente (UNIAPUESTAS S.A.). Para el efecto se comisionó a tres (3) asesores adscritos al despacho del Procurador General de la Nación , quienes practicaron VISITA ESPECIAL a la Lotería del Atlántico, del 2 a 6 de febrero del presente año. Se desarrolló un análisis comparativo de los pliegos de dicha licitación y la anterior que se realizo en el 2003 así como las que se realizan en otros departamentos del país.

Del análisis de las pruebas hasta la fecha puestas a disposición de la Procuraduría General de la Nación , no se evidenció el denunciado direccionamiento de los pliegos de condiciones, pues los 400 puntos de venta fijos, los puntos de venta móviles y los 1.500 vendedores, que pueden ofrecer los proponentes para obtener el máximo puntaje establecido en los pliegos de condiciones, encuentran sustento en el Estudio de Mercado, contratado por la Lotería del Atlántico, con la firma Proyecta S.A. y avalado por la Superintendencia de Salud, quien lo encontró ajustado a las disposiciones legales y los diferentes análisis efectuados por el grupo Asesor que acompañó a la Lotería en el proceso licitatorio en la estructuración de los pliegos de condiciones.

En cuanto al cuestionamiento en el sentido de que no se está exigiendo el paz y salvo del contrato 015 de 2000, por el cual la empresa UNIAPUESTAS S.A., adeuda al Departamento del Atlántico la suma de 6.000 millones de pesos por el no pago del impuesto de timbre, deuda que se encuentra en cobro coactivo actualmente, se encontró que de acuerdo con la información suministrada por el Departamento del Atlántico la deuda es de Unión Temporal Empresarios de Caribe, por concepto de estampilla, hecho que ya fue objeto de pronunciamiento judicial a favor del departamento y en contra de la Unión Temporal de Empresarios del Caribe y por ello es que existe un proceso en la jurisdicción coactiva contra esta firma y no contra UNIAPUESTAS S.A., que de acuerdo con la certificación expedida por la Secretaría de Hacienda Departamental, no tiene deuda por ningún concepto. Es de advertir que quien tenga deudas con el Estado no esta inhabilitada para presentar propuestas y contratar con el mismo (sentencia C-1083 de 2005, que declaro la inexequibilidad de los 2 y 4 parágrafo 3 de la ley 901 de 2004).

De otra parte, en cuanto al hecho de haberse presentado un solo proponente a esta licitación pública, UNIAPUESTAS S.A., es de anotar que lo mismo ocurrió en la licitación pública 01 de 2003, en la cual se presentó únicamente este mismo proponente. Circunstancia que por lo demás, es de común ocurrencia en los procesos licitatorios adelantados en los otros departamentos, con este mismo objeto, tal y como se pudo verificar con la información suministrada por funcionarios de la lotería del Atlántico.

2. Estudio de la situación jurídica de la empresa UNIAPUESTAS S.A.

Con el apoyo técnico de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, se examinó la idoneidad de dicha empresa y de sus socios, teniendo en cuenta que la ley 1150 de 2007 en su artículo 18 establece que son inhábiles para contratar con el Estado: "las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades y soborno transnacional, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones. Esta inhabilidad se extenderá a las sociedades de que sean socias tales personas, con excepción de las sociedades anónimas abiertas".

Las bases de datos que registran antecedentes en la materia, fueron consultadas por los funcionarios de esa dependencia, obteniendo respuestas negativas, por lo que se puede concluir que no se demostró la existencia de la inhabilidad analizada, ya que si bien es cierto algunos de los socios están siendo investigados penalmente, han sido sancionados disciplinariamente, y tienen deudas con el Estado, esta situación particular de los socios no afecta a la sociedad como persona jurídica al momento de presentar propuestas al Estado.

También se logró comprobar por parte de la Comisión que la Señora Enilce del Rosario López Romero, no hace parte de la sociedad de UNIAPUESTAS S.A., según consta en la relación de socios aportada por su revisor fiscal.

Por lo tanto, se concluye que no se advierte irregularidad en el trámite del proceso licitatorio 01 de 2008, apreciación que se encuentra respaldada en el acompañamiento permanente de la Oficina Anticorrupción de la Presidencia de la República , la Contraloría General de la República , la Contraloría Departamental , la Procuraduría Regional del Atlántico, así como de diferentes veedurías ciudadanas.

La Procuraduría General de la Nación informa a los quejosos y a la comunidad en general, que estos resultados no se refieren a hechos sobrevinientes o desconocidos a los cuales pueda allegarse posteriormente.

La entidad continuará ejerciendo su facultad preventiva mediante la participación directa de la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal en coordinación con los demás organismos de control y con presencia de los distintos mecanismos de participación comunitaria.

La actuación aquí surtida responde a la misión de vigilar la función pública, basada en el cumplimiento del ordenamiento jurídico y la defensa del patrimonio público, en especial mediante la vigencia de los principios de transparencia y publicidad que acompaña la función pública.