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Procuraduría inicia acciones para descongestión de justicia administrativa

Bogotá, 23 de enero de 2009. El Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez Maldonado puso en marcha un plan de choque que le permita a la Entidad cumplir con lo ordenado por la nueva ley 1285 del 22 de enero de 2009 estatutaria de la administración de justicia respecto a la implementación de la conciliación como requisito previo en el trámite de demandas contra la Nación, y que está orientado a contribuir con el proceso de descongestión judicial administrativa.

La competencia exclusiva para el trámite de las conciliaciones extrajudiciales a las que alude el artículo 42 de la ley estatutaria será asumida por los agentes del ministerio público asignados ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que para el caso son solo siete procuradores delegados ante el Consejo de Estado, 55 Procuradores II para Asuntos Administrativos y 55 Procuradores Judiciales I para Asuntos Administrativos, es decir un total de 117 funcionarios que tendrán a su cargo esta nueva responsabilidad. De acuerdo con antecedentes del Consejo Superior de la Judicatura, para el año 2007 con la vigencia de la ley, existen 86.246 procesos pendientes por conciliar.

Para el Procurador General de la Nación tal aplicación de la ley implica un crecimiento de las responsabilidades de la Procuraduría, y por tal razón se hace necesario un proceso de ajuste institucional que otorgue mayor capacidad presupuestal y administrativa a la Entidad, con el fin de evitar traumatismos a los usuarios de la administración de justicia.

En próximos días la Procuraduría convocará a las autoridades financieras y presupuestales de la Nación, así como a los responsables de la administración de justicia, con el fin de allegar los recursos presupuestales, humanos y técnicos necesarios para el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en la nueva normatividad.

Para el Procurador General de la Nación este asunto se convierte en una de las prioridades de su gestión en atención al especial interés que existe de lograr la efectiva y eficiente administración de justicia.