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PGN confirmó destitución de Patrullero de Policía por acceso carnal a menor de edad 

Bogotá, viernes 9 de enero de 2009. La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por el término de veinte años al Patrullero de la Policía Nacional Diego Alejandro Flórez Morales, por acceso carnal abusivo con menor de 14 años y abandonar el servicio policial sin causa justificada.

Los hechos se registraron en la ciudad de Medellín el 7 de julio de 2008, cuando el patrullero de la Policía Diego Alejandro Flórez Morales, asignado para preservar la escena de un delito, abandonó la función policial y accedió carnalmente a una niña menor de edad.

El Ministerio Público confirmó la decisión proferida por la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá, que, en ejercicio del poder disciplinario preferente, recibió el encargo especial del Viceprocurador General de la Nación de conocer en primera instancia sobre procesos adelantados en el comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Consideró que el análisis de las pruebas permite establecer la responsabilidad del disciplinado y que las afirmaciones de la niña víctima concuerdan con las circunstancias en que ocurrieron los hechos, como quiera que estos sucedieron en el lugar donde se alojaba la menor, la presencia del disciplinado en el sitio por razón de su función policial, y donde, por orden superior, debía permanecer al cuidado de la escena de un posible crimen como primer respondiente.

Señaló que es reprochable el proceder del Patrullero, quien como agente del Estado estaba obligado a proteger la vida y honra de una niña que por su condición merece especial protección.

Concluyó que con su conducta el patrullero Flórez Morales, además de afectar el deber funcional sin justificación alguna, atentando contra el buen funcionamiento del Estado y sus fines, uno de los cuales es el de garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución , particularmente los derechos fundamentales de los niños, actuó de manera dolosa, falta calificada como gravísima por el Código Único Disciplinario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señores periodistas: El siguiente material se encuentra embargado. Por favor, asumir la fecha y hora de cada uno de los boletines como la correspondiente a su emisión por parte de la Oficina de Prensa. Gracias.

09-09

PGN destituye a Alcalde encargado de Segovia Antioquia

Bogotá, sábado 10 de enero de 2009. La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por el término de 15 años, a Carlos Mario Salazar Londoño, por detrimento al erario municipal cuando ejerció funciones como alcalde de Segovia, Antioquia, en condición de encargado.

De acuerdo con la investigación el señor Salazar Londoño, con el ánimo de obtener beneficio propio, suscribió y ordenó el pago de un contrato por valor de 3 millones 980 mil pesos, para la realización de trabajos de adecuación a la cárcel de la localidad.

En el fallo de primera instancia la Procuraduría Provincial de Puerto Berrío encontró que el funcionario, al simular la orden de prestación de servicios, realizó el montaje presupuestal y financiero para disponer de los recursos, y aceptó haber recibido a satisfacción del contratista, unos trabajos que fueron ejecutados por trabajadores oficiales del ente territorial.

Al imponer la sanción el Ministerio Público concluyó que con su conducta el funcionario incurrió en una falta gravísima cometida a título de dolo.

010-09

Ratificada suspensión por tres meses de ex alcaldesa de Soledad, Atlántico

Bogotá, domingo 11 de enero de 2009. Por incumplimiento de sus deberes funcionales en relación con el contrato de servicio de aseo, la Procuraduría General de la Nación suspendió por tres meses a la exalcaldesa del municipio de Soledad, Atlántico, Rosa Estella Ibáñez.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa consideró a la exmandataria municipal responsable de no haber exigido al contratista “Empresa de Servicios Públicos Confiables S. A E.S.P , el cumplimiento de las obligaciones contraídas al momento de la celebración del contrato, toda vez que permitió, como representante legal del municipio, la acumulación de residuos domésticos a cielo abierto sin ningún tipo de control, originando la proliferación de aves de carroña o gallinazos, que ponen en alto peligro el tráfico aéreo, arriesgando con ello la seguridad de la población.

Al ratificar la sanción impuesta en fallo de primera instancia, el ministerio público señaló además que la exfuncionaria no cumplió con la obligación, en su condición de primera autoridad del municipio de Soledad, de asegurar a los habitantes de la población la prestación de un servicio de aseo de manera eficiente sin poner en peligro la salud y el medio ambiente.

Así mismo, consideró la PGN, que la alcaldesa Ibáñez permitió la operación del relleno sanitario del municipio de Soledad, sin el cumplimiento de las obligaciones previstas relacionadas con la ejecución de acciones tendientes a clausurar definitivamente los sitios de disposición final que no cumplan con los requisitos exigidos por ley.

Al imponer la sanción concluyó que la jefe de la administración debió ejercer un control de mando, es decir jerárquico y de tutela, sobre la labor, funciones y gestión que cumplen sus subalternos, comportando un deber de vigilancia, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política, que señala claramente las labores de los alcaldes entre las que se destacan la dirección de la administración del municipio, la ejecución de las funciones a su cargo y la prestación de los servicios.

La sanción impuesta a la exalcaldesa municipal de Soledad, Atlántico, para la vigencia 2004- 2005, se convertirá en multa por la suma de nueve millones 34 mil pesos, suma que deberá cancelar a favor del municipio, indexada y actualizada hasta la fecha de su pago efectivo.

011-09

PGN destituye a ex Alcalde y ex Secretaria de Obras de Puerto Nare Antioquia

Bogotá, domingo 11 de enero de 2009. Por detrimento al erario estatal la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por el término de 15 años, a Robinson Alberto Restrepo Noriega, ex alcalde de Puerto Nare, Antioquia, y con destitución e inhabilidad por 12 años, a Yubi Helena Díaz Fernández, ex Secretaria de Planeación y Obras del mismo municipio.

En el fallo de primera instancia la Procuraduría Provincial de Puerto Berrío encontró disciplinariamente responsables a los ex funcionarios, por ordenar la cesión gratuita de bienes de la localidad a favor de particulares, para luego efectuar la compra de los mismos predios invirtiendo en su readquisición 342 millones 998 mil pesos, beneficiando patrimonialmente a terceros, incurriendo en una falta gravísima y a título de dolo.

El Ministerio Público señaló que la decisión no objeta el procedimiento que implementó el Alcalde para hacer la cesión del los predios, sino que conociendo que tales bienes fiscales serían utilizados en obras de interés social, conforme al Esquema de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo, autorizó su cesión gratuita para luego adquirirlos pagando por ellos más de 300 millones de pesos.

En opinión del órgano de control si lo que pretendía el alcalde era solucionar las necesidades de vivienda de los ocupantes de los predios fiscales entregados, bien pudo ordenar su reubicación en zonas distintas a las requeridas para la ejecución de las obras, desarrollando los correspondientes planes en tal sentido.

Concluyó que en su afán de beneficio particular poco importó al Alcalde la condición resolutoria que pesaba sobre los predios cedidos de no enajenarlos antes de transcurridos cinco años, contados desde la fecha de expedición del acto administrativo que otorgaba el dominio, pues antes de pasar un año levantó la prohibición de venta para que el municipio pudiera comprarlos, claro indicador que en ningún momento su intención fue proveer una vivienda digna a los menos favorecidos.

012-09

Decretada nulidad del contrato de la Alcaldía de Cali y Sicali

Bogotá D.C., lunes 12 de enero de 2009. Accediendo a las peticiones de la Procuraduría General de la Nación el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca decretó la nulidad de la adjudicación del contrato para la modernización y optimización tributaria celebrado entre la Alcaldía de Cali y la Unión Temporal de Servicios de Impuestos de Cali - SICALI.

En la misma sentencia el Tribunal ordenó como consecuencia de la nulidad, la liquidación del contrato en mención en el estado en que se encuentre, aclarando que si la Alcaldía en su calidad de contratista se beneficio debe reconocer y pagar al contratista las prestaciones ejecutadas pero únicamente hasta el monto del beneficio obtenido.
Como se recordará el mencionado contrato fue suscrito desde febrero de 2005 y en virtud del mismo SICALI, se convirtió en la empresa encargada de apoyar en la gestión tributaria y el saneamiento fiscal a la capital vallecaucana.
El fallo responde a la demanda interpuesta por la Procuraduría General de la Nación, a través de su regional en el Valle, en cabeza de la actual procuradora ambiental, quien sustentó sus peticiones en fallas jurídicas y violaciones a la Ley 80 de contratación estatal
Como consecuencia del fallo los caleños dejarían de pagarle a SICALI una comisión del 2.8% en general y por recaudos adicionales del 4.8%; reincorporándose el recaudo como función del Municipio tal y como lo ha pretendido la actual Alcaldía Municipal.
La sentencia es de primera instancia y contra la misma procede el recurso de apelación ante el Consejo de Estado, instancia judicial que no podría tardar más de cuatro meses en proferir una decisión en segunda instancia, pues la demanda tiene trámite de urgencia.

013-09

PGN destituye a ex Concejal de Cisneros Antioquia

Bogotá, lunes 12 de enero de 2009. Por infringir el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por el término de 10 años, a Wilson Andrés Pino Pulgarín, elegido concejal del municipio de Cisneros, Antioquia para el periodo 2004 - 2007.

De acuerdo con el Ministerio Público el señor Pino Pulgarín se posesionó como Concejal de esa localidad estando en situación de inhabilidad al haber contratado con el ente territorial durante el año inmediatamente anterior a su elección.

El fallo de primera instancia encontró que el señor Pino Pulgarín, desempeñó funciones como concejal hasta el 2 de julio de 2005, a pesar de su inhabilidad para ejercer dicho cargo, por haber celebrado contratos con la misma localidad, en nombre y representación de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Palmira.

Al calificar la falta como gravísima, cometida a título de culpa, el Ministerio Público señaló que un aspirante a servidor público no puede escudarse en el desconocimiento de la ley para no ser sancionado por los hechos que la contrarían.

Concluyó que la ignorancia supina no es argumento para atenuar la sanción, por cuanto si bien, para la elección de un Concejal, solo se exige ser ciudadano en ejercicio y haber nacido o ser resiente del respectivo municipio, es deber de todo aspirante conocer las funciones que se van a desempeñar y las normas de obligatorio cumplimiento, entre las que se cuenta el Código de Régimen Municipal (ley 136/1994 modificado ley 617/2000) que precisa las inhabilidades para ser elegido.