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Destituido e inhabilitado por 20 años subintendente de la Policía Nacional por homicidio

Bogotá 30 de diciembre de 2008. La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó en el cargo por 20 años, al Subintendente de la Policía Nacional, José Gregorio Hurtado Berdugo, por su compromiso disciplinario en el homicidio de un ciudadano.

En fallo de primera instancia, el ministerio público señaló que el Suboficial incumplió el deber de protección del derecho fundamental a la vida y utilizó las armas sin necesidad razonable, durante el desarrollo de una operación efectuada el día 28 de julio del año 2005, en la zona rural del corregimiento de Guayacanal, Guajira, en la que se le causó la muerte al estudiante universitario Fair Javier Estrada Mendoza.

De acuerdo con los testimonios obtenidos, el señor Estrada Mendoza se desplazaba en estado de embriaguez con un familiar a bordo de un vehículo por la carretera principal de San Juan del Cesar, después de haber asistido a una celebración, cuando fueron interceptados por una patrulla de la Sijin, en la cual huyó hacia el casco urbano del corregimiento a donde llegaron los uniformados de manera violenta disparando contra la víctima, quien no portaba arma alguna y ocasionado heridas de consideración a una residente del lugar.

Según los resultados de la necropsia los proyectiles encontrados tenían la dirección postero - anterior y superior inferior, de lo cual se deduce más allá de toda duda razonable que al momento de los disparos el occiso se encontraba dando la espalda en relación con el Subintendente Hurtado Berdugo, quien disparaba su arma de dotación, con lo cual se desdibuja una posible agresión del universitario y conlleva a sostener que no era preciso ni necesario la utilización del arma de fuego y mucho menos con el claro propósito de ocasionarle la muerte, ya que fueron varios y excesivos los disparos y todos dirigidos al tórax.

A juicio de la Procuraduría, el Subteniente Hurtado Berdugo, incurrió en una falta gravísima y a título de dolo, y la sanción debe ser la máxima establecida, pues la consideración del daño y agravios sociales causados, los derechos fundamentales comprometidos con la conducta, el conocimiento de la ilicitud y el perjuicio causado a al administración, indican la gravedad de la conducta.