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Por no posesionarse en el término legal pierde investidura Concejal de Anorí (Antioquia)

Bogotá, 27 de diciembre de 2008. Por no tomar posesión del cargo dentro de los plazos señalados por la Ley, el Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura como Concejal del municipio de Anorí, Antioquia, al señor Fernando Zapata Restrepo, elegido para el periodo 2008-2011.

De acuerdo con el fallo el señor Zapata Restrepo violó el artículo 48 numeral 3 de la Ley 617 de 2000, que contempla como causal de pérdida de investidura de los Concejales el no tomar posesión del cargo dentro de los 3 días siguientes a la fecha de instalación de los Concejos o a la fecha en que fueron llamados a posesionarse, salvo fuerza mayor, circunstancia que no fue demostrada.

La Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado, luego de un análisis de la pérdida de investidura como máxima sanción al incumplimiento de deberes y obligaciones, solicitó que se revocara la sentencia inicial y, en su lugar, decretar la pérdida de investidura del Concejal, porque de acuerdo con las pruebas aportadas no hay causal eximente de la responsabilidad.

El fallo revocó la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que en primera instancia, negó las pretensiones de la demanda al considerar que existió una fuerza mayor derivada de la necesidad de acudir a una cita médica en el exterior para atender los quebrantos de salud del concejal electo.

En concepto del Procurador Delegado ante el Consejo de Estado, quien invoca la existencia de la fuerza mayor como causal eximente de la responsabilidad tiene la carga de la prueba y para el caso concreto del señor Zapata Restrepo esta situación no se dio, por cuanto un viaje planeado con meses de anticipación y una enfermedad que se padece hace años no son circunstancias imprevisibles.

Concluyó el Consejo de Estado que los motivos presentados como fuerza mayor, la cita en otro país y la enfermedad, no cumplen con las características de ser imprevisibles e irresistibles hasta el punto de que el concejal obligado a posesionarse dentro del término legal no las hubiera podido evitar. El incumplimiento de su deber se derivó de su voluntad y en todo caso pudo obrar de otra manera; no fueron causas externas y ajenas a su voluntad.