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PGN destituyó a dos Oficiales del Ejército por falso positivo 

Bogotá, viernes 19 de diciembre de 2008. Por participar en montajes de actos terroristas y hacer que se pagaran con dineros del Estado informaciones sobre los supuestos atentados, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 20 años, al Mayor (en retiro) Javier Efrén Hermida Benavides y al Mayor Luís Gerardo Barrero Calderón.

Los hechos ocurrieron entre el 14 de julio y el 28 de agosto de 2006, antes y después de la posesión del Presidente Álvaro Uribe Vélez, concretándose en cinco situaciones: La ubicación de un carro bomba en el Barrio Gaitán que explotó causando heridas a varios militares y la muerte a un particular, colocación de un carro bomba en el Centro Comercial Caracas, ubicación de material explosivo cerca de la Escuela de Artillería y entre los barrio Danubio y La Fiscala , e intento de colocar un automotor con explosivos en el Centro Comercial Gran San.

El fallo de primera instancia, proferido por una Comisión Especial Disciplinaria conformada por el Ministerio Público para investigar la responsabilidad de varios miembros de la Central de Inteligencia Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares en Bogotá, concluyó que existen suficientes pruebas para establecer la responsabilidad de los oficiales en los hechos que tenían como propósito sembrar el pánico en la ciudad y, una vez ubicado el material explosivo, demostrar su excelente desempeño como agentes de la inteligencia militar.

Señaló que con estas conductas, constitutivas de los tipos penales concierto para delinquir, terrorismo, homicidio, lesiones personales y daño en bien ajeno, los oficiales del Ejército efectivamente incurrieron en la falta disciplinaria calificada como gravísima, cometida a título de dolo, al "realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la Ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo".

Además de las contradicciones encontradas en las versiones de los Oficiales, el Ministerio Público demostró que existieron comunicaciones telefónicas entre ellos y la señora Lidia Álape Manrique, alias Jessica, y reuniones en los centros comerciales Plaza de las Américas y El Tunal, ocurridas en el periodo comprendido entre días antes al supuesto descubrimiento del primer vehículo cargado con explosivos en el Centro Comercial Caracas, hasta días después del atentado en que perdió la vida un particular y resultaron lesionados varios militares que se desplazaban en un convoy en el sector del barrio Gaitán.

Así mismo, determinó que el Mayor (r) Hermida Benavides en su condición de Jefe de Análisis Operacional y Director encargado del la Central de Inteligencia Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares en Bogotá, y el entonces Capitán Barrero Calderón, Jefe del Blanco ELN de la misma unidad, intervinieron para que se pagara la suma de siete millones 500 mil pesos, como recompensa por la información, a Lidia Álape Manrique y Néstor Germán Pérez, supuestos informantes con quienes se había establecido el acuerdo para obtener los falsos positivos, lo cual produjo un incremento injustificado en el patrimonio de estas personas.

En la decisión se absolvió al Coronel Horacio Arbelaez Sarmiento en su condición de Director de la Central de Inteligencia Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares en Bogotá.