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PGN elevó pliego de cargos a cinco integrantes del Ejército por posible falso positivo en San Luis, Antioquia

Bogotá, domingo 14 de diciembre 2008. La Procuraduría General de la Nación elevó pliego de cargos contra cinco miembros del Ejército Nacional por incurrir presuntamente en un falso positivo y en el homicidio de dos personas protegidas en el municipio de San Luís, Antioquia.

La decisión cobija al Subteniente Edwin Leonardo Ramírez Toro, el Soldado Voluntario Francisco Javier Vanega Céspedes, los soldados Profesionales Herlindo Antonio Bravo Restrepo y Darwin Alejandro Echeverria Jaramillo y el Cabo Primero Omar Giovanni Pardo Mayorga, integrantes de la unidad Atacador 1, adscrita al Batallón de Artillería No 4 “Coronel Eduardo Sánchez Rodríguez, que cumplía la orden de operación fragmentaria 059 correspondiente a la operación “Marcial Norte”.

Los hechos objetos de investigaciones se registraron el día 26 de septiembre de 2003, cuando fueron retenidos los señores José Alfredo Botero Arias y Albeiro Giraldo García, personas que desde esa fecha desaparecieron y posteriormente, aparecieron sus cadáveres en la morgue del cementerio del municipio de San Carlos, Antioquia, a donde fueron llevados por el Ejército Nacional, reportados como guerrilleros NN muertos en combate.

De acuerdo con las versiones de los integrantes del Ejército, la operación Marcial Norte tenía como misión la ubicación de una vivienda en la que habitaba alias “El tigre”, comandante terrorista, por lo cual se montó una maniobra de emboscada en el sector de Villanueva del municipio de San Luis, durante la cual se produjo un combate dejando como resultado la muerte de los señores Botero Días y Giraldo García.

Sin embargo, los testimonios rendidos por las familias de las víctimas y la comunidad de la zona señalan que fueron testigos de la forma como los militares retuvieron y golpearon a los campesinos, cuyos cuerpos posteriormente fueron sacados de la vereda la Merced de Granada en un caballo.

Para el ministerio público con su conducta, los militares cobijados con el pliego de cargos, pudieron incurrir en graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario, en este caso, un homicidio en persona protegida, conducta violatoria de la normatividad de los diferentes tratados internacionales.

La Procuraduría General de la Nación reprocho a los miembros del Ejército objeto de esta decisión, que según ellos bajo el argumento de encontrarse en un estado de legítima defensa repeliendo un supuesto ataque, procedieron a disparar sus armas de dotación oficial contra los dos campesinos del lugar, cuando todo indicaba que se encontraban en estado de indefensión, causando sus muertes.