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Procuraduría se pronuncia sobre alcances de la captura en la extradición

Bogotá, sábado 13 diciembre 2008. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declare que son constitucionales los artículos del Código de Procedimiento Penal que se refieren al procedimiento de la extradición.

Aclaró el Ministerio Público que la extradición es un procedimiento especial dotado de unas características que lo definen y que se enmarca dentro de la Cooperación internacional en materia de Justicia, que procede contra colombianos por nacimiento, por adopción y contra extranjeros, a solicitud de un gobierno extranjero o por ofrecimiento del colombiano, siempre y cuando no se trate de la comisión de delitos políticos y que el delito se haya realizado con anterioridad a la reforma constitucional de 1997.

De igual manera, precisó la Procuraduría que se desarrolla bajo la premisa de la confianza legítima entre gobiernos sin que esto signifique que dicho trámite se encuentre exento de control y que, por el contrario, el acto administrativo que concede o niega la extradición es susceptible de controversia en lo contencioso administrativo y excepcionalmente por el mecanismo de la acción de tutela.

Igualmente manifestó el Ministerio Público que la captura con fines de extradición tiene como principal finalidad la de poner a disposición del Estado que requiere a una persona para que adelante un proceso penal en su territorio y bajo su jurisdicción, o lo que es lo mismo, impedir la fuga o evasión a la justicia en el territorio nacional del procesado internacionalmente.

Así las cosas, el Ministerio Público considera que la captura con fines de extradición ordenada por la Fiscalía General de la Nación se encuentra sometida a un control previo y ajustado al ámbito competencial que le atañe al Estado requerido.

Finalmente, la Procuraduría precisó que los aspectos que son analizados por la Corte Suprema de Justicia como son verificar la validez formal de la documentación presentada, la demostración plena de la identidad del solicitado, el principio de la doble incriminación, la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y, cuando fuere el caso, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos, buscan evitar una captura arbitraria, y ceñir la misma a los linderos jurídicos de orden legal y constitucional que posibilitan dicho trámite.