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Destituidos e inhabilitados cinco funcionarios de la procuraduria por incurrir en 14 faltas disciplinarias

Bogotá. 11 de diciembre de 2008. La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó a cinco de sus funcionarios por incurrir en un concurso material de faltas que incluyen asesoramiento ilegal, falsedad en documento privado, prevaricato por omisión, concusión, concierto para delinquir, utilizar su cargo para presionar a particulares a respaldar una causa o campaña política e incremento patrimonial injustificado.

El ministerio público afirmó que los funcionarios incurrieron en un concurso material de faltas gravísimas, a título de dolo, las cuales fueron sancionadas con destitución e inhabilitad por 17 para Ana Gilma Mahecha Gutierrez, profesional universitario vinculada a la Procuraduría Delegada para la Descentralización y entidades territoriales; por 12 años para Adriana del Carmen Botero Giraldo, asesora del despacho del Procurador General con funciones en la Procuraduría Delegada para la Descentralización y entidades territoriales; Gustavo Quintero Quintero, asesor adscrito al Grupo de Regalías; Luisa Fernanda Sierra Aldana Asesora, vinculadas a la Procuraduría Delegada para la Descentralización y entidades territoriales y María Patricia Ríos Cardona, en su condición de sustanciadora adscrita a la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios.

En fallo de primera instancia proferido por el Despacho del Procurador General de la Nación, se decidió negar las nulidades planteadas por los defensores de los disciplinados al considerar que se cumplieron las normas previstas en relación con el trámite de notificación, que no existió manipulación de la grabaciones telefónicas por cuanto en aras de garantizar el derecho a la contradicción y de defensa se ordenó la revisión y verificación de los contenidos de audio por un técnico diferente y no hay lugar a hablar de pruebas ocultas ya que su judicialización se adelantó dentro de los términos legales.

Al imponer la sanción la Procuraduría resolvió absolver a la Señora Luisa Sierra Aldana del cargo relacionado con incremento patrimonial injustificado, mientras que consideró probados y no desvirtuados los otros cargos imputados tanto a ella como a los demás funcionarios que de acuerdo con las pruebas incurrieron en un concierto para delinquir al crear una empresa informal e ilegítima a través de la cual se reunieron para desvalorar la entidad, para permear las dependencias de la misma y desde allí constituirse en los asesores y gestores de terceros interesados en los trámites a cargo de la Procuraduría.

Afirmó que las labores propias de los funcionarios objeto de esta decisión, les permitían tener contacto permanente con peticiones de información, vigilancia sobre el giro y ejecución de recursos de las entidades territoriales e intervención en las administraciones locales, en especial en los departamentos de Casanare y Guajira.

Al imponer la sanción, el ministerio público ordenó prorrogar por tres meses la suspensión provisional impuesta contra los funcionarios implicados por mantenerse las circunstancias que motivaron su separación del cargo.” En aras de evitar o precaver situaciones que afecten la actuación disciplinaria por la permanencia de los servidores en sus cargos al ser probable su interferencia en el trámite normal de la investigación que se adelanta, que no ha concluido y con el fin de proteger la administración y función pública de eventuales desatinos ante la evidencia de la sanción impuesta, reiterando su conducta y vulnerando el orden interno, se torna aconsejable mantener la medida de prudencia disciplinaria de suspensión provisional”, concluyó la Procuraduría.