INICIO > NOTICIAS > BOLETÍN 603

PGN destituyó a ex contralor de Bogotá y ex asesora del Congreso

Bogotá, 11 de diciembre de 2008. La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó, por el término de 15 años, al ex Contralor de Bogotá, Oscar González Arana y a su esposa Beatriz Alicia Noguera Pardey, ex asesora del Senado de la República, por incremento patrimonial injustificado e inconsistencias en los formularios de declaración jurada de bienes y rentas, falsedad.

De acuerdo con el estudio del ejercicio financiero y contable aplicado al grupo familiar conformado por el matrimonio González Arana y Noguera Pardey, para el periodo comprendido entre el 12 de Febrero de 2004 y septiembre 30 de 2006, no se justificó un incremento patrimonial acumulado, valorizado en 1.783 millones 588 mil 858 pesos.

Con fundamento en el material probatorio, el Ministerio Público concluyó que se encuentra plenamente demostrada la existencia del incremento patrimonial no justificado, a partir de dos situaciones irregulares concretas que determinan su origen.

La primera se relaciona con la diferencia que se presenta entre las fuentes de recursos probadas en la actuación disciplinaria y los egresos que se causan, en forma desagregada mensual, desde febrero de 2004 hasta septiembre de 2006.

La segunda corresponde al comparativo que se establece entre los recursos susceptibles de ser manejados a través de entidades bancarias y los depósitos efectivamente realizados en los establecimientos financieros del País.

De otra parte, como usuarios del sistema financiero de los Estados Unidos, no indicaron el tipo de vinculación y el origen de los recursos que acreditan en tales cuentas, hecho que carece de transparencia y explicación debida. Así mismo, no justificaron los recursos disponibles en ese país, canalizados a través del sistema bancario interno.

En atención a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el matrimonio González Noguera, efectuó sus inversiones y los evidentes esfuerzos para evadir los mecanismos de control del Estado y los diversos procedimientos irregulares empleados para justificar las notorias diferencias patrimoniales, la Procuraduría calificó la falta como gravísima a título de Dolo.

Para el Ministerio Público los comportamientos y conductas que constituyen la falta, convergen en el designio único de incrementar injustificadamente el patrimonio, en perjuicio de la moralidad, principio que todos los servidores públicos deben acatar, en procura de dar buen ejemplo a la sociedad que espera de ellos un comportamiento ético, moral y probo en cumplimiento de las tareas y roles asignados.

Previo al fallo fueron presentadas sendas tutelas ante el Tribunal Superior de Bogotá, sala penal, Consejo Superior de la Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria y Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, a través de las cuales los disciplinados pretendían la práctica de nuevas pruebas y la suspensión del traslado para presentar alegatos previos al fallo, con el ánimo de diferir la decisión disciplinaria. Todas ellas fueron falladas desfavorablemente a sus pretensiones.

Contra el fallo de única instancia, procede el recurso de reposición ante el despacho del Señor Procurador General de la Nación.