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Revocar el acto de adjudicación del proceso de selección de los sistemas de seguridad para cárceles, pide el Procurador ante pruebas de corrupción

Bogotá. D.C., 10 de diciembre de 2008 . Tras recibir el día de hoy pruebas remitidas por la Fiscalía General de la Nación que evidencian con "nitidez la estrategia ilícita desarrollada por algunos integrantes de las sociedades o empresas participantes en el aludido proceso contractual ", el Procurador solicitó al Ministro del Interior y de Justicia revocar directamente el acto de adjudicación de la licitación para los sistemas de seguridad de 10 establecimientos carcelarios.

Mediante oficio, el jefe del Ministerio público elevó dicha solicitud con miras a que se revoque la resolución 3485 del 27 de noviembre de 2008 proferida dentro del proceso de selección abreviada 001 de 2008, cuyo objeto era " Contratar el ajuste de diseños, suministro, integración, instalación, implementación, prueba, puesta en servicio, mantenimiento preventivo y correctivo por dos (2) años de los sistemas electrónicos de seguridad de diez (10) establecimientos carcelarios a nivel nacional ". Proceso que culminó con la adjudicación del contrato a la UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD CARCELARIA, integrada por la Unión Eléctrica S. A, EGC COLOMBIA LTDA, INGENIERIA Y TELEMATICA GY C Ltda.; ANDCOM Ltda., Interamericana de sistema y Seguridad S.A., INTERSEG S.A., y MELTEC Comunicaciones S. A., por valor de $53.537.174.702, "en el entendido que el acto se obtuvo por medios legales".

En su misiva el Procurador señala que "Así las cosas, para este ente de control queda claro que la UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD CARCELARIA se valió de medios ilegales para obtener la adjudicación del referido contrato al ofrecer, a través del señor MAURICIO PARADA la suma de mil millones de pesos a la señora DIANA NASIFF DE RIMA para que entorpeciera el proceso de selección a través de la descalificación de los demás participantes involucrados, inclusive el que ella misma representaba, misión que esta señora cumplió al pie de la letra, con lo cual se afectan los principios de la función administrativa contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política ".

Expone finalmente que "La anterior solicitud se formula en el marco de nuestra función preventiva señalada en el artículo 277 numerales 3º, 5º y 7º de la Carta Política. Funciones que son reiteradas y desarrolladas en el artículo 7º del decreto 262 de 2000, numeral 37, en donde se establece como función del Procurador General solicitar la suspensión de actuaciones administrativas o la revocatoria de los actos administrativos a ellas referentes en defensa del orden jurídico o del patrimonio público . Presupuestos que están amplia y suficientemente demostrados en el caso que nos ocupa".