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PGN elevó pliego de cargos contra miembros del ejercito por presunto falso positivo

Bogotá, lunes 8 de diciembre de 2008. Por incurrir presuntamente en el homicidio en persona protegida o falso positivo al presentar a un campesino como guerrillero del ELN la Procuraduría General de la Nación elevó pliego de cargos contra el Teniente del Ejército Nacional Angel Arturo Gracia Ochoa y el soldado Profesional Iver Antonio Torres Celón.

La determinación fue asumida por el ministerio público al investigar los hechos sucedidos en 19 de mayo de 2005 en la vereda “Hoyo Hondo”, corregimiento de Otaré, área rural del municipio de Ocaña, Norte de Santander, tras la muerte del ciudadano Juan de Dios García Julio, quien según el Ejército huyó de la tropa y posteriormente, la atacó con un arma corta. Luego de su fallecimiento fue reportado como guerrillero integrante de la cuadrilla “Camilo Torres Restrepo”, del Ejército de Liberación Nacional.

De acuerdo con la versión de los familiares y allegados del Señor Juan de Dios García Julio, éste fue sacado de su vivienda por uniformados que inicialmente se presentaron como paramilitares y cuando emprendió la huída le dispararon causándole la muerte, luego le colocaron la pistola y una granada para simular un enfrentamiento.

La versión incongruente de los militares quedó en evidencia tras el testimonio de un menor de edad, quien aseguró que estando al cuidado del Señor García Julio, llegaron unos uniformados a la casa y los despertaron, él salio a hablar y dos de los uniformados intentaron cogerlo, por lo que saltó una cerca y salió corriendo en dirección a un cultivo de fríjol, inmediatamente los militares le dispararon y lo mataron.

A juicio del ministerio público la víctima, no se encontraba participando en las hostilidades propias del conflicto armado y en consecuencia, ostentaba la calidad de persona protegida por las normas del Derecho Internacional Humanitario.

Advierte la Procuraduría que con el comportamiento en el que pudieron incurrir los militares en cuestión, se afectó el derecho fundamental a la vida, conducta que es antijurídica porque con ella se desconoció la función pública y más concretamente el deber funcional que cumple la fuerza pública en un Estado Social y Democrático Derecho.

Al elevar el pliego de cargos, la PGN concluyó que se infiere que la conducta investigada de violación al DIH por el homicidio ejecutado el 19 de mayo de 2005 por los investigados.