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Procuraduría se pronuncia por demoras injustificadas
en la calificación de invalidez

Bogotá, sábado 6 de diciembre de 2008. Ante la demora injustificada para emitir un dictamen definitivo de calificación de invalidez, la Procuraduría General de la Nación instó a las Juntas de Calificación de Invalidez, las ARPs y las EPSs sobre el cumplimiento de los procedimientos establecidos en los términos de ley y con un alto nivel de calidad en la atención a los usuarios.

A su vez, instó a la Superintendencia de Salud y a la Superintendencia Financiera para que implementen las acciones de su competencia sobre las administradoras de riesgos profesionales así como las promotoras de salud, para que se establezca y acate el ordenamiento jurídico en defensa de los derechos fundamentales de los usuarios y sus grupos familiares.

Las administradoras y promotoras dilatan o niegan los derechos de los trabajadores, que se ven sometidos a padecer las secuelas de una enfermedad profesional o un accidente de trabajo.

Al respecto recordó que de acuerdo con la normatividad vigente “…la junta integrada por las entidades promotoras de salud y administradoras de riesgos profesionales, contarán con un plazo de treinta (30) días calendario para cumplir el procedimiento descrito y comunicar su decisión sobre el origen de la contingencia al empleador, al trabajador y a los demás interesados.”

El proceso de calificación de invalidez es determinante e indispensable para el reconocimiento de prestaciones económicas y también asistenciales que garanticen la atención y subsistencia de los usuarios, puntualizó la Procuraduría.

De otra parte, se estableció que las ARP no están cumpliendo con lo establecido en la Ley, respecto a las prestaciones por incapacidad temporal, cuando niegan indirectamente el reconocimiento de la prestación con la excusa de que el trabajador se encuentra en proceso de rehabilitación y no hay reclamación alguna. Esta situación, advierte la Procuraduría, expone al trabajador a quedar a merced de quienes tienen la competencia para calificar su estado de invalidez para efectos de proferir el dictamen definitivo que permita iniciar el proceso administrativo de reconocimiento.

Así mismo, las ARPs y las EPSs suspenden el reconocimiento de las prestaciones económicas por incapacidad temporal al cumplirse los primeros 180 días o hasta cuando se han prorrogado por otros 180 días.

Se estableció también que en algunas ocasiones se niega la prestación aduciendo demora en el pago de los aportes a riesgos profesionales por parte del empleador, ante lo cual, la Procuraduría recordó que es la entidad de seguridad social la responsable de hacer cobro de esos dineros y por lo tanto, no puede negar de plano el derecho solicitado.

En el instructivo emanado de la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social se insiste en la alta calidad de la atención que debe prestarse a la población vulnerable, lo que implica alta calidad humana, simplificación y agilidad de trámites y una evaluación de su condición de salud digna, cuidadosa sin limitantes de tiempo en la atención.

Por último, la Procuraduría solicitó el Ministerio de la Protección Social hacer un seguimiento a las políticas del sector y a su efectiva ejecución.