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Se mantienen penas mayores para servidores públicos que cometan delitos contra el patrimonio del Estado

Bogotá, sábado 29 de noviembre 2008. Acogiendo la solicitud de la Procuraduría General de la Nación la Corte Constitucional confirmó la constitucionalidad de la norma que establece mayores penas para los delitos que impliquen afectación del patrimonio público que sean cometidos por servidores públicos.

El análisis de la Corte precisó que en los delitos de sujeto calificado en los que concurren en su comisión tanto un servidor público como un particular la pena del funcionario del Estado debe ser mayor por la distinta posición que ocupan en la sociedad unos y otros, bajo el entendido de la responsabilidad mayor que la Constitución les impone a quienes lo representan porque de ellos se espera un compromiso especial frente a los bienes jurídicos a proteger.

En conclusión, como lo había manifestado el Ministerio Público no es razonable sancionar con la misma pena al servidor que se apropia de bienes públicos que le han sido confiados para el desarrollo de su función, que el particular que sin ningún vínculo con el Estado los toma ilícitamente para si; como tampoco resultaría razonable sancionar con la misma pena al que abandona a su anciano padre incapaz de valerse por sí mismo que cuando esta conducta la realiza cualquier otra persona extraña a él.