INICIO > NOTICIAS > BOLETÍN 562

Por duplicar un contrato PGN destituye e inhabilita ex gobernador de Casanare

Bogotá, 28 de noviembre de 2008. Por suscribir una orden de prestación de servicios y un contrato de compraventa con el mismo objeto contractual, la Procuraduría General de la Nación, destituyó e inhabilitó por 11 años al exgobernador de Casanare, William Hernán Pérez Espinel.

El ministerio público afirmó que el señor Pérez Espinel incurrió en una falta disciplinaria gravísima al suscribir el 9 de diciembre del 2003 una orden de servicios por 8 millones 100 mil pesos para realizar la diagramación del Anuario Estadístico de la Gobernación de Casanare tras haber firmado un contrato de compraventa el 21 de octubre del mismo año por 32 millones 255 mil pesos, cuyo objeto era la impresión de 1000 libros con 300 páginas con idéntica finalidad.

Los dos acuerdos contractuales fueron suscritos con la empresa Aramos López Editorial Fotomecánica Limitada y/o Irma López Veloza. La orden de servicios fue firmada entre las partes, después de que fue liquidado con fecha primero de diciembre del 2003 el contrato de compraventa dejando constancia de que el contratista había cumplido a satisfacción todas las obligaciones y que los documentos impresos se encontraban en el almacén de la Gobernación.

La Procuraduría Delegada para la moralidad pública al emitir el fallo de primera instancia afirmó que el entonces gobernador del departamento del Casanare, como ordenador del gasto y representante legal, quebrantó el orden jurídico, al actuar con abuso o desviación del poder e infringió el principio de responsabilidad contenido en la Ley 80 de 1993, el cual establece que todos los servidores públicos están obligados a proteger los intereses de la entidad.

Consideró que el exgobernador obró indebidamente al suscribir una orden de servicios en la medida en que el objeto de este contrato se encontraba realizado y entregado, es decir, contrató dos veces el mismo objeto contractual.

“El disciplinado no actuó ajustado a la ética ni a las reglas sobre la administración de los bienes ajenos, lo que conllevó a un detrimento del patrimonio del departamento de Casanare por 8 millones 100 mil pesos que corresponde al valor de la orden de servicio. Se reitera en el presente caso estructura de una falta disciplinaria por la infracción de un deber, el de cumplir con los parámetros establecidos en los principios de la actividad contractual del Estado”, anotó el fallo.