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Modificaciones a los contratos de concesión requieren evaluación del Confis

Bogotá, 28 de noviembre 2008. Acogiendo el concepto de la Procuraduría General de la Nación la Corte Constitucional declaró que es constitucional la norma que obliga que las modificaciones a los contratos de concesión que impliquen mayores aportes estatales y/o mayores ingresos y/o ampliación del plazo pactado contractualmente requiera de la evaluación fiscal previa por parte del Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS.

Destacó la Corte que la ley anual de presupuesto es una de las manifestaciones sobresalientes del principio de separación de poderes y de las funciones de control, ya que el gobierno debe someterse a la ley en virtud de la cual el Congreso le señala cómo se deben invertir los dineros del erario público y, en consecuencia, para modificarla debe intervenir el máximo órgano de coordinación fiscal del Estado.

La Corte coincidió con lo señalado en el concepto del señor Procurador General, en cuanto en virtud de esta clase de contratos “los particulares se encargan de realizar las grandes obras de infraestructura que necesita el país para su desarrollo” y así como pueden generar inmensos recursos al Estado, también requieren “ingentes recursos presupuestales para cumplir con las cláusulas de dichos contratos”, de modo que tienen un impacto fiscal importante, que puede demandar mayores recursos que la Nación debe solventar o, por el contrario, mayores ingresos esperados por el concesionario e incluso, la ampliación del plazo que se traduce en una “restricción de las fuentes de financiación para los gastos que se requiera realizar”.

Finalmente manifestó la Corte que estas modificaciones son previsibles, pues el presupuesto contiene una “estimación” de los ingresos y gastos en un período, como también que algunas obligaciones asumidas con cargo al presupuesto vigente afecten vigencias futuras.