INICIO > NOTICIAS > BOLETÍN 558

Por exigir dinero, PGN destituyó a Ex Contralor Distrital y Ex Contralor Auxiliar de Barranquilla

Bogotá, 27 de noviembre de 2008. La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos durante doce años, al ex contralor distrital de Barranquilla Rafael González Rubio Natera y al ex contralor auxiliar Rafael Germán Ariza Martínez, por exigir dinero a cambio de no incluir en el boletín de responsabilidad fiscal a funcionarios sancionados.

En la decisión proferida en fallo de primera instancia, el Ministerio Público encontró que tanto el Ex Contralor Distrital como el Ex Contralor Auxiliar, constriñeron a ex funcionarios del departamento para que a cambio de una suma de dinero sus nombres no aparecieran en el boletín de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República.

De acuerdo con la investigación durante una reunión celebrada en el mes de septiembre de 2004 a la cual asistieron los ex secretarios de Hacienda del departamento Francisco Aguilar Cadavid y Ciro Avila, y el ex director de Impuestos Carlos Muñoz, condenados en proceso de responsabilidad fiscal a pagar la suma de 37 millones 244 mil pesos, el entonces Contralor Distrital les exigió la suma de 30 millones de pesos para ignorar el reporte.

Por su parte, el Contralor Auxiliar Rafael Germán Ariza Martínez, en desarrollo del mismo encuentro, conminó a los asistentes a arreglar por 20 millones y luego por 10 millones de pesos.

En criterio del Ministerio Público, los funcionarios no lograron justificar ni explicar con suficiencia la razón de su presencia en una oficina distinta a la de la Contraloría Distrital para tratar temas relacionados con un fallo producido por la Institución, dentro de un proceso de responsabilidad fiscal con la comparecencia de los sancionados.

Para la Procuraduría la conducta de los ex funcionarios de la Contraloría Distrital de Barranquilla configura el delito de concusión a título de dolo, por lo cual al calificar la falta como gravísima, les impuso como sanción la destitución y la inhabilidad general por el término de doce años.