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Por irregularidades en contratación, PGN destituyó a ex alcaldesa de Soledad Atlántico

Bogotá, 26 de noviembre de 2008. La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años a la ex alcaldesa del municipio de Soledad (Atlántico) Rosa Stella Ibáñez Alonso quien incurrió en irregularidades al permitir que se diera origen y curso a un contrato suscrito con una unión temporal.

La decisión disciplinaria también cobija a los señores José Antonio Lora Caro, en su condición de Asesor de la Alcaldía de Soledad, Gilberto Marimon Cervantes, en su calidad de Secretario de Hacienda, destituidos e inhabilitados por 10 años para ejercer cargos públicos y el señor Geovanny Enrique Arevalo Pérez, en su calidad de Tesorero (e) sancionado con multa equivalente a 90 días de salario básico mensual devengado para el momento de los hechos.

La Procuraduría encontró que la señora Ibáñez Alonso permitió que se celebrara un contrato de mandato y recomendación que buscaba que el contratista adelantara el cobro persuasivo y judicial a favor de la Alcaldía Municipal de Soledad del impuesto de Industria y Comercio, avisos y tableros adeudado por la electrificadora del Atlántico, pese a que dicha función había sido delegada al tesorero municipal mediante decreto.
Señala el Ministerio Público que dicho contrato era innecesario teniendo en cuenta que las funciones delegadas al tesorero son coincidentes con las que se establecieron en el contrato suscrito “siendo la única diferencia la generalidad y la especificidad entre uno y otro mandato”.

Adicionalmente, la ex funcionaria suscribió una orden de pago a favor del contratista sin que se hubieran cumplido los fines de la contratación estatal, pues el contratista “no intervino en la recuperación de las sumas adeudadas por Electranta, pues las actuaciones de intervención para la recuperación de dichas sumas, se dieron por parte del tesorero municipal de Soledad en ejercicio de la función de jurisdicción coactiva la cual le había sido delegada por la alcaldesa municipal”.

En el caso del entonces Asesor de la Alcaldía de Soledad la Procuraduría le reprochó el hecho de haber suscrito y celebrado en representación del municipio de Soledad, el cuestionado contrato sin que existieran estudios de necesidad o conveniencia del objeto a contratar.

De otra parte, el Ministerio Público encontró responsable al señor Marimón Cervantes, Secretario de Hacienda para la época de los hechos, porque refrendó la orden de pago a pesar de que la acreencia no estaba debidamente justificada.

Finalmente, el fallo sancionatorio cobijó al señor Geovanny Arévalo, porque en su condición de tesorero (e) y a la vez Juez de Ejecuciones Fiscales ordenó entregar y pagar un depósito judicial que provenía de la Comisión Nacional de Regalías en liquidación a favor del municipio de Soledad, como consecuencia del proceso ejecutivo fiscal que por jurisdicción coactiva adelantaba este municipio contra el contribuyente electrificadora del Atlántico, sin que existiera pronunciamiento definitivo de la jurisdicción contencioso administrativo acerca de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por la Electrificadora del Atlántico.