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Confirmada sanción a concejales de Velez (Santander)

Bogotá, 24 de noviembre de 2008. Por incumplimiento a sus deberes funcionales la Procuraduría Regional de Santander confirmó la sanción de los concejales del municipio de Vélez por haber nombrado al personero municipal y a la secretaria de la Corporación desconociendo mandatos legales.

La decisión de la segunda instancia confirmó la suspensión e inhabilidad en el ejercicio del cargo por el termino de dos meses para los concejales Gonzalo Camacho Chacón, Jorge Quiroga Duarte, Hernando Castillo Aguilar, Jorge Alberto Nieves Fontecha, Alirio Beltrán, Wilson Hernando Álvarez Jerez y la suspensión e inhabilidad por un mes a Hernando Quiroga Flórez.

Los hechos que dieron origen a la decisión disciplinaria tuvieron lugar en el municipio de Vélez, en enero de 2008, cuando los concejales procedieron a elegir como Personero Municipal al señor Néstor Darío Niño Flórez, sin verificar el cumplimiento del requisitos exigido para tal cargo, en lo relacionado con la terminación de sus estudios de derecho, pues el mismo solo los manifestó en una declaración juramentada cuando la ley establece que los estudios formales deben probarse con las certificaciones expedidas por las instituciones de educación superior reconocidas para el efecto.

Igualmente fueron disciplinados por haber elegido como Secretaria del Concejo Municipal a la señora Lida Patricia Velasco Duarte, a sabiendas de que su hoja de vida había sido presentada con posterioridad al cierre de la convocatoria que para tales efectos se había llevado a cabo, lo que debió haber dado lugar a que se descartara de la elección tal hoja de vida.

Para la Procuraduría Regional el legislador de manera clara y sin dubitaciones estableció la manera como deben acreditarse los estudios de educación formal, por lo que resulta evidente la irregularidad en el comportamiento de los señores concejales, al decidir aceptar otra prueba no establecida por la ley para satisfacer un requerimiento explícitamente señalado por ella.

Recordó igualmente la sentencia que a todo servidor público le está prohibido nombrar o elegir, para el desempeño de cargos públicos, personas que no reúnan los requisitos constitucionales, legales o reglamentarios, o darles posesión a sabiendas de tal situación.