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PGN realiza aclaraciones sobre facultades de las partes
en el proceso penal

Bogotá, 24 de noviembre de 2008. Por considerar que la misma no vulnera las garantías y derechos procesales del acusado la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar la constitucionalidad de la norma que establece la presentación de la teoría del caso para la Fiscalía como una obligación en tanto que la misma actividad es voluntaria para la defensa.

Como se recordará la ineficacia del proceso penal colombiano frente a las altas cifras de impunidad, la mora en los procesos, la ausencia o deficiencia de la investigación, impulsaron reformas estructurales al mismo a partir de las cuales el proceso penal modificó su estructura jurídica pasando de un modelo inquisitivo a uno acusatorio y a la implementación de la oralidad.

Dentro de este nuevo sistema, aclaró el Ministerio Público, se da una tendencia acusatoria, que no corresponde a un modelo puro, sino a una especie de modelo local en el que se matiza el principio adversarial, de manera que, en desarrollo de la investigación las partes no tienen las mismas obligaciones y potestades.

Así las cosas, la Fiscalía tiene como función desplegar una actividad probatoria para desvirtuar la presunción de inocencia, comprobando la existencia del delito y la culpabilidad del acusado, más allá de toda duda. La defensa en cambio, en virtud del principio de contradicción, tiene el derecho a conocer de todos los actos de prueba y de investigación adelantados por el Estado en su contra, al igual que a controvertirlos interviniendo desde su formación, si esa es su intención.

Para la Procuraduría no se trata de establecer una igualdad formal entre las partes, sino de garantizar que ambas tendrán la misma protección para la presentación y defensa de sus intereses, en la forma y momentos en que a cada una le corresponde actuar dentro del proceso.

Por último aclaró el Ministerio Público que conforme con la forma del proceso penal en Colombia, la Fiscalía y la defensa no concurren al juicio en igualdad de condiciones, de modo tal que no resulta menester que ambas deban ejercer sus deberes y derechos en la misma forma e instancia procesal.