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Por falso positivo frente al homicidio en persona protegida sancionados dos miembros de la fuerza pública

Bogotá, domingo 23 de noviembre de 2008. Por infringir el deber de respeto a los derechos a la dignidad humana de las personas que gozan de protección frente al derecho internacional humanitario, por cuanto se incurrió en el homicidio de un miembro de la población civil con el propósito de de rendir un falso positivo, la Procuraduría General de la Nación, sancionó a dos integrantes de la fuerza pública uno de los cuales participó de manera directa en el homicidio del indígena Guajibo Antonio Chanique Sarmiento, adscrito al resguardo Cusay La Colorada, en el departamento de Arauca

El fallo de primera instancia ordenó la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 10 años contra el Soldado Voluntario ® Luis Aurelio Parada Luna, como autor material de la muerte del indígena y la suspensión en el ejercicio de funciones propias de su cargo por el término de dos meses, contra el Sargento Segundo Fruccen Kennedy Casas Antonio, quien fungía como Comandante de la Contraguerrilla “Espartaco 3”, adscrita al Batallón Plan Especial Energético y Vial No 1 “GR. Juan José Neira Vasco”, en el Departamento de Arauca, por encontrarse probado que incurrieron en el incumplimiento de sus deberes oficiales.

Los hechos se presentaron en la noche del 6 de enero del 2005, cuando Antonio Chanique Sarmiento regresaba de cacería con dos miembros más de su comunidad y al detenerse en las instalaciones de la Escuela Las Amapolas para beber agua fueron atacados con disparos que le causaron la muerte. De acuerdo con los testimonios de sus compañeros de cacería, el cuerpo del indígena fue trasladado en un helicóptero del Ejército y posteriormente, presentado públicamente como muerto en combate, uniformado con una pava de la Policía Nacional, portando dos granadas y 6 cartuchos calibre 9 milímetros.

Para la Procuraduría General de la Nación el Soldado Parada Luna incurrió en una falta gravísima, pues sin justificación alguna, durante la ejecución de la Misión Táctica “Bisonte 1”, dirigida contra miembros de las Farc, hizo uso de las armas comprometiendo el derecho fundamental a la vida de una persona que formaba parte de la población civil y por ende gozaba del estatus de persona protegida, de acuerdo con el Protocolo II aprobado en Colombia por la ley 171 de 1994.

“Para un soldado a quien se le entregan las armas, solo para que las utilice responsablemente en nombre del Estado y en defensa de las instituciones, se erigen como requisitos primordiales y de obligatorio cumplimiento, la necesidad de respetar la disciplina tanto como las ordenes superiores, que en este caso eran no tener proyectiles en la recámara del arma sin autorización superior, no obstante optó de manera unilateral por hacerlo y disparar intempestivamente”, anotó la Procuraduría en el fallo.

En cuanto al sargento segundo Antonio Fruncen Kennedy, el ministerio público consideró que actuó de manera dolosa y grave al rendir un informe que faltaba a la verdad al presentar al indígena como un hombre armado e integrante de un grupo subversivo sin que esas atestaciones correspondieran a la realidad.