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Defensoría judicial del Estado para la defensa del patrimonio estatal propone el Procurador

Bogotá, sábado 22 de noviembre de 2008. Las multimillonarias sumas que paga la Nación como consecuencia de las acciones y omisiones de los entes estatales que dan lugar a sentencias y conciliaciones que en año 2007 ascendieron a cerca de un billón de pesos, así como variados casos de deficiente defensa judicial de entidades públicas, son el fundamento para la propuesta de la creación de la Abogacía ó Defensoría Judicial del Estado Colombiano por parte del señor Procurador General de la Nación.

Está es la conclusión principal a la que se llegó luego de la Semana de la gerencia jurídica Pública y de la Prevención del Daño Antijurídico, organizada por el Ministerio Público la semana anterior.

El propósito del Dr Maya Villazón, jefe supremo del Ministerio Público es crear una entidad de defensa de los intereses patrimoniales del Estado para prevenir la ocurrencia del daño antijurídico con la búsqueda de la eficacia y la eficiencia en la defensa de los recursos estatales; proyecto este en el que se cuenta con el apoyo del Ministerio de Justicia y de la Corporación Excelencia por la Justicia, entre otros entes.

En palabras del Procurador “ El panorama es crítico pues lo que está en riesgo es el patrimonio del Estado y las condenas que prevé la Contaduría General de la Nación para el presente año corresponden al 2.5 % del P.I.B de nuestro país”

Enfatizó el jefe del Ministerio Público en algunos resultados desalentadores producto del diagnostico de la realidad existente en materia de gestión pública judicial realizado por la Procuraduría con base en el cual se pudo establecer que un importante número de comités de conciliación no están cumpliendo a cabalidad con sus atribuciones, en pocos casos se encuentran estudios, documentos, circulares o resoluciones que propendan por la prevención del daño antijurídico, e incluso, se detectó que en el interior de algunos organismos oficiales se le asigna poca atención a los procesos judiciales, no llevan un control y desconocen los procesos judiciales que se adelantan en su contra.

Respecto del recurso humano se logro detectar eventos en que un abogado pierde su capacidad de respuesta pues tiene a su cargo la atención de más de quinientos procesos, y en otros casos, preocupa que la asignación del proceso se hace a quien no tiene la formación jurídica integral y específica que se requiere para la eficaz defensa de los intereses de la entidad que representa.

Igualmente hizo referencia a que la acción de repetición no está siendo eficaz por múltiples razones, entre las que se destacan, la proliferación de demandas sin prueba del actuar doloso o gravemente culposos del agente estatal o la interposición de demandas débiles que han llevado a pronunciamientos inhibitorios y a que la acción se convierta en un ejercicio que únicamente pretende evitar la iniciación del proceso disciplinario en contra del funcionario que no promovió el ejercicio de la misma.

Igualmente enfatizó el Procurador en la necesidad de fortalecer el uso de la conciliación como mecanismos alternativo de solución de conflictos con los consecuentes beneficios que reporta la figura en materia de descongestión de despachos judiciales, reducción de erogaciones patrimoniales a cargo del Estado y desjudicialización de conflictos.

Cuestionó el jefe del Ministerio Público la práctica de algunos administradores públicos de no hacer uso de la conciliación para no afectar los recursos presupuestales, con la idea de que el entrante funcionario sea quien cancela la obligación. Igualmente censuró que algunos comités se niegan a conciliar para evitar iniciar acciones de repetición contra los jefes o directores del organismo, que en su actuar irregular dieran lugar al reconocimiento patrimonial del Estado.