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PGN impuso máxima sanción contra ex funcionarios de los municipios de Montecristo y Magangue (Bolívar)

Bogotá, 21 de noviembre de 2008. La Procuraduría General de la Nación ordenó la destitución e inhabilidad por 20 años del exalcalde del municipio de Montecristo, Arcelio Manuel Sánchez Rojas; su tesorero, Miguel de Jesús Jiménez Barragán y el exconcejal del municipio de Magangue Bolívar Arquímedes Segundo García Romero, por incurrir en peculado por apropiación.

La Procuraduría consideró que los exfuncionarios incurrieron en falta disciplinaria gravísima a título de dolo al participar en el manejo irregular de recursos del municipio de Montecristo, Bolívar, que de acuerdo con la ley penal se constituye en el delito de peculado por apropiación

El fallo anotó que para el periodo 2004-2007, en su condición de alcalde municipal, el señor Sánchez Rojas, y el tesorero, Miguel de Jesús Jiménez Barragán autorizaron de manera escrita a un banco a debitar y trasladar mensualmente de una cuenta a nombre de la alcaldía de Montecristo y denominada Sistema General de Participaciones Propósitos Generales varias sumas de dinero a una cuenta corriente cuyo titular era el Señor Arquímedes Segundo García Romero.

Los traslados de dinero se realizaron entre el 5 de diciembre de 2005 hasta el 5 de septiembre de 2007, sin que hubiese justificación alguna para ellos, constituyéndose una falta disciplinaria.

En la misma decisión fue sancionada con destitución e inhabilidad en el cargo por el término de 16 años, la extesorera del municipio de Montecristo, Sugey Isabel Lafaurie, quien durante el periodo comprendido entre el 22 de junio de 2004 y el 11 de septiembre de 2005, era conocedora de la afectación de la cuenta bancaria, que reflejaba la disminución en sus saldos de los recursos girados por la nación correspondientes al Sistema General de Participaciones, sin que obrara información que soportara tales giros ni solicitud, y siendo su deber legal estar al tanto del manejo de los recursos oficiales.

Al imponer la sanción, contra la exfuncionaria, el ministerio público calificó la falta a título de culpa gravísima pues podía y debía actuar de conformidad con el catálogo de responsabilidades a ella exigible, no obstante, teniendo presente mes a mes la defraudación que estaba dándose en dicho municipio, omitió su deber de formular las correspondientes denuncias penales y disciplinarias de allí derivadas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Señores periodistas: El siguiente material se encuentra embargado. Por favor, asumir la fecha y hora de cada uno de los boletines como la correspondiente a su emisión por parte de la Oficina de Prensa. Gracias

541-08

Defensoría judicial del Estado para la defensa del patrimonio estatal propone el Procurador

Bogotá, sábado 22 de noviembre de 2008. 8:00 a.m. Las multimillonarias sumas que paga la Nación como consecuencia de las acciones y omisiones de los entes estatales que dan lugar a sentencias y conciliaciones que en año 2007 ascendieron a cerca de un billón de pesos, así como variados casos de deficiente defensa judicial de entidades públicas, son el fundamento para la propuesta de la creación de la Abogacía ó Defensoría Judicial del Estado Colombiano por parte del señor Procurador General de la Nación.

Está es la conclusión principal a la que se llegó luego de la Semana de la gerencia jurídica Pública y de la Prevención del Daño Antijurídico, organizada por el Ministerio Público la semana anterior.

El propósito del Dr Maya Villazón, jefe supremo del Ministerio Público es crear una entidad de defensa de los intereses patrimoniales del Estado para prevenir la ocurrencia del daño antijurídico con la búsqueda de la eficacia y la eficiencia en la defensa de los recursos estatales; proyecto este en el que se cuenta con el apoyo del Ministerio de Justicia y de la Corporación Excelencia por la Justicia, entre otros entes.

En palabras del Procurador “ El panorama es crítico pues lo que está en riesgo es el patrimonio del Estado y las condenas que prevé la Contaduría General de la Nación para el presente año corresponden al 2.5 % del P.I.B de nuestro país”

Enfatizó el jefe del Ministerio Público en algunos resultados desalentadores producto del diagnostico de la realidad existente en materia de gestión pública judicial realizado por la Procuraduría con base en el cual se pudo establecer que un importante número de comités de conciliación no están cumpliendo a cabalidad con sus atribuciones, en pocos casos se encuentran estudios, documentos, circulares o resoluciones que propendan por la prevención del daño antijurídico, e incluso, se detectó que en el interior de algunos organismos oficiales se le asigna poca atención a los procesos judiciales, no llevan un control y desconocen los procesos judiciales que se adelantan en su contra.

Respecto del recurso humano se logro detectar eventos en que un abogado pierde su capacidad de respuesta pues tiene a su cargo la atención de más de quinientos procesos, y en otros casos, preocupa que la asignación del proceso se hace a quien no tiene la formación jurídica integral y específica que se requiere para la eficaz defensa de los intereses de la entidad que representa.

Igualmente hizo referencia a que la acción de repetición no está siendo eficaz por múltiples razones, entre las que se destacan, la proliferación de demandas sin prueba del actuar doloso o gravemente culposos del agente estatal o la interposición de demandas débiles que han llevado a pronunciamientos inhibitorios y a que la acción se convierta en un ejercicio que únicamente pretende evitar la iniciación del proceso disciplinario en contra del funcionario que no promovió el ejercicio de la misma.

Igualmente enfatizó el Procurador en la necesidad de fortalecer el uso de la conciliación como mecanismos alternativo de solución de conflictos con los consecuentes beneficios que reporta la figura en materia de descongestión de despachos judiciales, reducción de erogaciones patrimoniales a cargo del Estado y desjudicialización de conflictos.

Cuestionó el jefe del Ministerio Público la práctica de algunos administradores públicos de no hacer uso de la conciliación para no afectar los recursos presupuestales, con la idea de que el entrante funcionario sea quien cancela la obligación. Igualmente censuró que algunos comités se niegan a conciliar para evitar iniciar acciones de repetición contra los jefes o directores del organismo, que en su actuar irregular dieran lugar al reconocimiento patrimonial del Estado.

542- 08

Por homicidio en personas protegidas, destituidos e inhabilitados siete integrantes del Ejército

Bogotá, domingo 23 de noviembre de 2008. 8:00 a.m. La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 12 años, a los siete integrantes del Ejército que participaron en el homicidio de 5 personas protegidas, en el municipio de Cajamarca, Tolima.

Los hechos se presentaron el 10 de abril de 2004, cuando los integrantes de dicha compañía al percibir la presencia de personas en el curso de su desplazamiento por la zona rural dispararon bajo el supuesto, de que se trataba de alguna célula guerrillera.

Como resultado de dicha reacción resultaron muertos los campesinos Albeiro Mendoza Reyes, Yamile Urueña Arango, Julio Cesar Santana Gutierrez y un menor de seis meses de edad Cristian Mendoza Urueña. No obstante, minutos después, luego de percatarse del error, dieron muerte a Norberto Mendoza Reyes, quien había sobrevivido al ataque inicial.

Señaló la Procuraduría que el Señor Norberto Mendoza, desde el momento en que sobrevivió, quedó materialmente bajo la custodia del destacamento militar, y era imperativo como miembros de la fuerza pública garantizar su vida, lo cual no se cumplió.

La sanción fue asumida por el ministerio público al confirmar, en fallo de segunda instancia, la sanción impuesta contra el cabo primero del Ejército José Alejandro Gómez Acevedo y a los soldados profesionales Jhon Jairo Viscayaz Rodríguez, Alberto Pérez Duque, Noel Briñez Pérez, Luis Ferrnando Ramos Martínez, Jairo Sebastian Quintero Riaño y Jhon Jairo Guzman Gallego en su condición de Comandante y miembros del cuarto destacamento de la Compañía “Búfalo” adscrita al Batallón de Contraguerrillas No 6, Pijaos, con sede en Ibagué.

Al ratificar la sanción, el ministerio público anotó que un Estado social de derecho como el nuestro no puede justificar acciones de negligencia, desidia, desinformación e irresponsabilidad en las fuerzas militares cuando esta en juego la vida de un inocente.

543- 08

Por falso positivo frente al homicidio en persona protegida sancionados dos miembros de la fuerza pública

Bogotá, domingo 23 de noviembre de 2008. 8:00 a.m. Por infringir el deber de respeto a los derechos a la dignidad humana de las personas que gozan de protección frente al derecho internacional humanitario, por cuanto se incurrió en el homicidio de un miembro de la población civil con el propósito de de rendir un falso positivo, la Procuraduría General de la Nación, sancionó a dos integrantes de la fuerza pública uno de los cuales participó de manera directa en el homicidio del indígena Guajibo Antonio Chanique Sarmiento, adscrito al resguardo Cusay La Colorada, en el departamento de Arauca

El fallo de primera instancia ordenó la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 10 años contra el Soldado Voluntario ® Luis Aurelio Parada Luna, como autor material de la muerte del indígena y la suspensión en el ejercicio de funciones propias de su cargo por el término de dos meses, contra el Sargento Segundo Fruccen Kennedy Casas Antonio, quien fungía como Comandante de la Contraguerrilla “Espartaco 3”, adscrita al Batallón Plan Especial Energético y Vial No 1 “GR. Juan José Neira Vasco”, en el Departamento de Arauca, por encontrarse probado que incurrieron en el incumplimiento de sus deberes oficiales.

Los hechos se presentaron en la noche del 6 de enero del 2005, cuando Antonio Chanique Sarmiento regresaba de cacería con dos miembros más de su comunidad y al detenerse en las instalaciones de la Escuela Las Amapolas para beber agua fueron atacados con disparos que le causaron la muerte. De acuerdo con los testimonios de sus compañeros de cacería, el cuerpo del indígena fue trasladado en un helicóptero del Ejército y posteriormente, presentado públicamente como muerto en combate, uniformado con una pava de la Policía Nacional, portando dos granadas y 6 cartuchos calibre 9 milímetros.

Para la Procuraduría General de la Nación el Soldado Parada Luna incurrió en una falta gravísima, pues sin justificación alguna, durante la ejecución de la Misión Táctica “Bisonte 1”, dirigida contra miembros de las Farc, hizo uso de las armas comprometiendo el derecho fundamental a la vida de una persona que formaba parte de la población civil y por ende gozaba del estatus de persona protegida, de acuerdo con el Protocolo II aprobado en Colombia por la ley 171 de 1994.

“Para un soldado a quien se le entregan las armas, solo para que las utilice responsablemente en nombre del Estado y en defensa de las instituciones, se erigen como requisitos primordiales y de obligatorio cumplimiento, la necesidad de respetar la disciplina tanto como las ordenes superiores, que en este caso eran no tener proyectiles en la recámara del arma sin autorización superior, no obstante optó de manera unilateral por hacerlo y disparar intempestivamente”, anotó la Procuraduría en el fallo.

En cuanto al sargento segundo Antonio Fruncen Kennedy, el ministerio público consideró que actuó de manera dolosa y grave al rendir un informe que faltaba a la verdad al presentar al indígena como un hombre armado e integrante de un grupo subversivo sin que esas atestaciones correspondieran a la realidad.

544- 08

Cabildo abierto en Pacho (Cundinamarca)

Bogotá, domingo 23 de noviembre de 2008. 8:00 a.m. Dentro de las jornadas promovidas por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, el lunes 24 de noviembre se realizará en Pacho, Cundinamarca, el cabildo abierto relacionado con salud.

La jornada iniciará a las 8 a.m. con la realización de un precabildo en donde funcionarios de la procuraduría y contraloría interactúan con la comunidad explicando el mecanismo de participación; continuando a las 2 p.m. donde en sesión del consejo municipal se realizará el cabildo abierto.

Los ciudadanos de Pacho están invitados a las instalaciones de la Piscina Municipal para que expongan sus inquietudes a la administración municipal frente al tema propuesto.

De esta manera los jefes de estos dos órganos de control impulsan la aplicación de este mecanismo previsto en la constitución política y desarrollado en la ley 134 de 1994, en cuanto ordena que en cada legislatura ordinaria se deben celebrar por los menos dos cabildos abiertos, en los que los habitantes de los diferentes municipios, distritos, localidades, comunas o corregimientos colombianos aborden temas de interés para su comunidad.

Los entes de control brindan a los participantes (concejales, gabinete municipal, ciudadanía) la capacitación y acompañamiento que se requiere para la celebración de esta fiesta democrática, primero a través de una videoconferencia, luego con exposiciones en jornada de precabildo, y finalmente haciendo el seguimiento a las respuestas que la administración municipal o los organismos directamente relacionados con el tema den a la comunidad en audiencia pública dentro de la semana siguiente a la fecha de celebración del cabildo.

545- 08

Procuraduría presente en encuentro de personeros(as) por la infancia y la adolescencia en Cartagena

Bogotá, domingo 23 de noviembre de 2008. 8:00 a.m. La Procuraduría General de la Nación, continua con su ciclo de encuentros con personeros en todo el país y estará mañana lunes en el departamento de Bolivar realizando un balance de la aplicación del Código de la Infancia y la Adolescencia, en cuanto a la política pública, su diseño y ejecución, así como los procedimientos de carácter administrativo y judicial.

El evento se llevará acabo en Cartagena, Auditorio Claustro de la Merced, ubicado en el centro histórico calle Don Sancho a partir de las 2:00 p.m. del lunes 24 de noviembre y el 25 de noviembre de 8 a.m. a 1:00 p.m.

La Procuraduría ha detectado que en desarrollo de un año y medio de vigencia de la ley, aún se encuentran dificultades en su aplicación como la confusión entre el seguimiento al procedimiento administrativo y el de carácter judicial en temas cruciales como la definición de la filiación de niños, niñas y adolescentes.

Por ello, en aras de que no se violenten los derechos de esta población, el ministerio público inició este ciclo de encuentros en 14 departamentos del país.

Esto hace parte del proceso de Implementación del Código de la Infancia y la Adolescencia, que inició el Ministerio Público en enero de 2007, dentro del cual se han capacitado mas de 7.000 Concejales distritales y municipales, 350 Diputados, 890 Jefes de Planeación Departamentales y Municipales y mas de 10.300 funcionarios públicos comprometidos con los temas de Infancia y Adolescencia.

Cada encuentro se desarrollará a través de talleres en los que se abordarán casos relacionados con situaciones que se han venido presentando y que permitirán fortalecer a los personeros en los criterios orientadores del Ministerio Público en temas como intervención en Política Pública para infancia y adolescencia, intervención judicial, intervención administrativa, vigilancia y control.

546- 08

PGN realizará II Encuentro Nacional de Procuradores Judiciales “Por el Fortalecimiento del Ministerio Público en el Proceso Penal”

Bogotá, domingo 23 de noviembre de 2008. 8:00 a.m. La Procuraduría General de la Nación realizará la próxima semana el II Encuentro Nacional de Procuradores Judiciales Penales “Por el Fortalecimiento del Ministerio Público en el Proceso Penal.”

El Procurador General de la Nación, Doctor Edgardo José Maya Villazón, instalará el evento que se realizará bajo la coordinación de la Procuradora Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales durante los días 24, 25 y 26 de noviembre en el Salón Dorado del Club Militar ubicado en la Carrera 50 No. 15 – 20 a partir de las 8:00 a.m.

El evento contará con la participación de los procuradores y personeros que a nivel nacional intervienen en las actuaciones judiciales penales y tendrá como propósito el análisis y proyección de la función constitucional, en perspectiva de la representación de la sociedad y garante de los derechos de los ciudadanos frente al nuevo esquema del procesal penal.

En las mesas de trabajo dispuestas al efecto, se analizarán temáticas tales como el control de la acusación e imputación por parte del Ministerio Público en las diferentes fases del proceso; la posibilidad del Ministerio Público de solicitar condena por delito diferente al planteado por la Fiscalía y las posibilidades de participación del Ministerio Público en la indagación y la investigación.