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Destituida e inhabilitada ex secretaria de gobierno de Girón, Santander

Bogotá, 20 de noviembre de 2008. La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 10 años a la ex secretaria de Gobierno del municipio de Girón, Santander, María Teresa Ayala de Jerez, por participación indebida en política.

La determinación fue asumida en fallo de primera instancia, al permitir la indebida utilización de un vehículo oficial adscrito al despacho del Alcalde de Girón, al emplearlo para el transporte de personas ajenas al servicio público, una de las cuales portaba una camiseta alusiva a la campaña política “Primero Colombia”, interviniendo de esta forma en actividades proselitistas ostentando la condición de servidor público.

El ministerio público consideró que la Señora Ayala de Jerez, quien para la vigencia del 2006 se desempeñaba como Secretaria de Gobierno, ejerció las potestades que su función le concedía con fines distintos a los establecidos por ley, al tener a su servicio en el cumplimiento de las labores propias del despacho a su cargo, a personal ajeno a la Alcaldía de Girón, permitiendo la conducción de su vehículo oficial a una persona que para dicha época no tenía ninguna vinculación con la administración municipal.

Consideró que además permitió que personas ajenas a la entidad portaran prendas de uso privativo de la Alcaldía de Girón, con el presunto fin de contribuir con la vigilancia y control de la jornada electoral adelantada el 28 de mayo de 2006.

Para la Procuraduría General de la Nación, la entonces Secretaria de Gobierno incurrió en una falta disciplinaria gravísima y a título de dolo pues en su condición de abogada y con su amplia experiencia en el sector público tenía pleno conocimiento de las prohibiciones legales y reglamentarias sobre participación en política.

“El dolo es la forma de culpabilidad con que actuó la disciplinada porque de manera directa, consciente y voluntaria, conociendo la ilicitud sustancial de su comportamiento se dirigió a la trasgresión de las normas constitucionales y legales citadas, pudiendo haber ajustado su conducta a derecho”, concluyó el fallo emitido por la Procuraduría General de la Nación.