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PGN destituyó e inhabilitó por 12 años, a ex alcalde de Pereira, Risaralda

Bogotá, 20 de noviembre de 2008. Por violar el principio de selección objetiva y por celebración irregular de contratos, la Procuraduría General de la Nación, destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por 12 años, al exalcalde del municipio de Pereira, Risaralda, Juan Manuel Arango Vélez.

Las faltas en la que incurrió el señor Arango Vélez fueron calificadas en fallo de primera instancia como gravísima pues suscribió un convenio interadministrativo, cuyo objeto era la ejecución por parte de la empresa Multiservicios del proyecto “Modernización tecnológica, calidad y gestión en el manejo de las rentas del municipio de Pereira”, con lo cual violó el principio de selección objetiva, toda vez que, previo a la suscripción del mismo, no se verificó que dicha empresa tuviese la capacidad financiera, tecnológica y administrativa para ejecutar de manera directa el objeto contractual.

La Procuraduría aseguró que al desarrollar la actividad contractual con dicha empresa utilizando la figura del convenio interadministrativo para eludir los procesos establecidos en la Ley 80 de 1993, incurrió en una conducta descrita en el Código Penal como celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.

Consideró el ministerio público que el alcalde, para la vigencia del 2006, adicionalmente desconoció el deber de cumplir y hacer cumplir la ley de contratación administrativa, afectando por esta vía sus deberes funcionales.

Consideró que el disciplinado, como ordenador del gasto y responsable de la dirección y manejo de la actividad contractual, tenía conocimiento y conciencia de la existencia de las anteriores disposiciones legales, que en materia de contratos en la administración pública hacen parte de sus principios rectores.

“Al adjudicar y suscribir el contrato sin el previo cumplimiento de la ley de contratación, constituye un comportamiento dirigido a violar las reglas propias de la contratación estatal, habida cuenta que como jefe de la entidad y responsable de la dirección y manejo de la contratación, miembro de la junta directiva de Multiservicios conocía de la mala situación financiera de la entidad, de la incapacidad administrativa y técnica para ejecutar de manera directa e idónea el citado contrato y sin embargo, lo suscribió”, afirmó el fallo del ministerio público.