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Pliego de cargos contra funcionarios del Incoder Barrancabermeja


Bogotá, 11 de noviembre de 2008. Por presuntamente haber incurrido en irregularidades en la calificación y el trámite de adjudicación masiva de predios baldíos a su cargo, el Viceprocurador General de la Nación levantó pliego de cargos contra los exfuncionarios del INCODER Regional Barrancabermeja Jorge Armando Garzón Pinzón, Lia Margarita Gómez González, Javier de Jesús Ovalle Martínez, Yolima Cecilia Padilla Cabrera, Fredys Faustino Joya Rondano, Guillermo Rangel Martínez, Ernesto García Martínez y Enrique Antonio Sierra Sierra.

Los hechos que dieron origen a la decisión tuvieron lugar a partir del año 2004 en Barrancabermeja, cuando al parecer los exfuncionarios de manera irregular omitieron la obligación a su cargo de efectuar el examen y reconocimiento de los predios baldíos ubicados en la vereda tierra prometida, corregimiento de Paturia, municipio de Puerto Wilches.

En la actualidad de conformidad con las leyes vigentes para que a una persona se le adjudique un terreno baldío, deberá demostrar que tiene bajo explotación económica las dos terceras partes de la superficie cuya adjudicación solicita y que la explotación adelantada corresponde a la aptitud del suelo establecida por el INCODER en la inspección ocular.

Los implicados indicaron en los formularios de inspección ocular, peritaje ambiental y actividad económica hechos falsos pues manifestaron que los mencionados terrenos se encontraban debidamente explotados con cultivos de yuca, maíz, plátano y pasto para ganado, conceptuando que era procedente la adjudicación de dichos terrenos cuando en realidad se pudo comprobar en visita posterior que en los mismos no hubo ni hay explotación económica pues están inundados y hacen partes de un grupo de cienagas.

Las faltas fueron calificadas como gravísimas a título de dolo toda vez que los disciplinados incumplieron sus deberes en perjuicio de la política del INCODER de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, aunado al daño social y al mal ejemplo dado porque esa no es la conducta que se espera de un servidor público, que por encima de todo, está obligado a velar por los intereses de la comunidad.

En la misma providencia la Procuraduría decidió archivar la actuación en contra de Hernando Londoño Acosta y Guillermo Alfonso Suesca Sanchez por no encontrar irregularidades en sus labores.